Un análisis realizado durante la tercera ola de la pandemia de COVID-19 en Chile ha revelado cómo los ingresos económicos influyeron decisivamente en la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, afectando el bienestar de los trabajadores. La investigación, desarrollada con la participación de la Universidad de Granada y la Universidad Andrés Bello de Chile, se basó en una muestra cercana a las 2.000 personas y fue publicada en el International Journal of Intercultural Relations.
El estudio fue liderado por Gines Navarro-Carrillo, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada, junto a Juan Carlos Oyanedel, investigador de la Universidad Andrés Bello. Ambos expertos eligieron Chile como escenario para esta investigación debido a su alta desigualdad en la distribución de ingresos y las marcadas diferencias en los impactos sanitarios durante la crisis sanitaria.
Los resultados mostraron que, entre las diferentes variables del estatus socioeconómico, los ingresos fueron el elemento con mayor influencia en el bienestar personal y en la satisfacción respecto al trabajo y la familia. En concreto, las personas con menores ingresos enfrentaron mayores conflictos entre las demandas laborales y familiares, una interferencia mutua que deterioró su bienestar general.
Este conflicto trabajo-familia se define como la dificultad para gestionar simultáneamente las obligaciones profesionales y las responsabilidades familiares sin que una interfiera negativamente en la otra. Según el estudio, quienes contaban con menos recursos económicos experimentaron esta interferencia en ambas direcciones con mayor intensidad, lo que se tradujo en niveles inferiores de satisfacción vital y bienestar personal.
Los investigadores destacan que durante situaciones de crisis, como la pandemia, disponer de recursos económicos suficientes resulta fundamental para afrontar las exigencias laborales y familiares de forma equilibrada. En un país con altos índices de desigualdad como Chile, esta realidad agrava la vulnerabilidad de los trabajadores con bajos ingresos, limitando sus posibilidades de conciliación y afectando su calidad de vida.
Las conclusiones apuntan a la necesidad de implementar políticas públicas que protejan especialmente a los sectores más desfavorecidos, promoviendo medidas que faciliten una mejor conciliación entre el trabajo y la familia. Además, subrayan la importancia de garantizar apoyos económicos adecuados para reducir el impacto de futuras crisis en el bienestar de la población trabajadora.
