El aumento de los costes de producción, junto con la subida de salarios y cotizaciones, así como las condiciones restrictivas en los pliegos de contratación, han provocado un notable incremento de licitaciones desiertas en Castilla y León. Para 2025, la comunidad autónoma acumula más de 378 millones de euros en concursos públicos sin adjudicar, situándose como la cuarta región española con mayor volumen de contratos sin cubrir.
Este fenómeno no solo afecta a obras públicas, sino también a otros tipos de contratos. La Cámara de Contratistas de Castilla y León estima que las licitaciones desiertas en obra pública alcanzaron casi 72 millones de euros el pasado año. Sin embargo, esta cifra no incluye grandes proyectos como el suministro energético para la ampliación del Polígono Industrial «Las Viñas I» en Salamanca, que quedó desierto con una inversión prevista de 186,6 millones de euros. Este contrato fue la tercera licitación de mayor cuantía desierta en España en 2025, solo superada por proyectos en Valencia y Madrid.
Por provincias, Salamanca lidera el listado con 198 millones de euros en licitaciones desiertas. Le siguen Valladolid con 53 millones, Zamora con 38, Burgos con 27,5, Segovia con 20,5, León con 19,6, Soria con 13,5, Palencia con 12 y Ávila con 5,3 millones, esta última la provincia con menor volumen de contratos sin adjudicar.
El informe de la consultora tecnológica Intescia–Doubletrade atribuye este aumento a factores externos como la incertidumbre política nacional, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, las estrategias económicas de Estados Unidos y la inflación persistente. Estos elementos han generado una situación que afecta la confianza empresarial en la estabilidad y rentabilidad de los contratos públicos a largo plazo, lo que ha provocado un número creciente de concursos sin ofertas y, por ende, la paralización de miles de obras y servicios.
Además, el estudio destaca que el importe medio de los contratos desiertos supera los 408.506 euros, incluyendo tanto licitaciones menores como proyectos de tamaño medio con relevancia significativa. Los sectores más afectados son las actividades no residenciales, que representan cerca del 14,9% del total nacional, seguidos por los servicios generales con un 13,4%, y servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores, que suman un 9,2%. Otros contratos afectados incluyen vehículos, transporte y recogida de basuras.
Salvador Alarcón, director comercial de Intescia–Doubletrade España, advierte que muchas de estas licitaciones están financiadas con fondos europeos, por lo que las demoras en su adjudicación pueden conllevar la pérdida de subvenciones. El informe señala también que existe un creciente desajuste entre los precios establecidos por la Administración y las condiciones reales del mercado, donde la inflación y el encarecimiento de materias primas y mano de obra no siempre se reflejan en los presupuestos base.
La rigidez y complejidad administrativa de los pliegos incrementan los costes indirectos de participación, desincentivando especialmente a pequeñas y medianas empresas y proveedores locales. También se detecta un problema en la difusión de los concursos públicos, que en muchas ocasiones no llegan a las compañías más capacitadas para prestarlos.
En cuanto a la obra pública en Castilla y León, en 2025 se licitaron contratos valorados en 2.170 millones de euros, un 8,3% menos que el año anterior. La Administración central lideró con 1.069,9 millones, seguida por la autonómica con 557,1 millones y la local con 543,2 millones, esta última siendo la única que incrementó su inversión respecto a 2024. De estas licitaciones, 233 obras quedaron desiertas, sumando cerca de 72 millones de euros.
Durante el primer trimestre de 2026, la Cámara de Contratistas de Castilla y León registró un volumen de licitación de obra pública de 365 millones de euros, con un descenso del 1,8% respecto al mismo período del año anterior. En este periodo, quedaron desiertas 40 obras por un valor aproximado de 11,2 millones. La Administración central concentra el 36,7% del total licitado, con 134 millones, seguida por la regional con 108 millones y la local con 123 millones, que fue la que más creció.
Por provincias, León encabeza la licitación de obra pública en 2026 con 84,7 millones de euros, mientras Segovia presenta la cifra más baja, con 13,7 millones. Ávila destacó por no registrar ninguna licitación desierta en el primer trimestre, a diferencia de otras provincias como León, Burgos, o Salamanca, que acumulan varios proyectos sin adjudicar.
La Cámara de Contratistas alerta de que el volumen actual de obra pública es insuficiente para impulsar el desarrollo económico de Castilla y León, y señala la ausencia de Presupuestos Generales del Estado como una de las principales causas que limitan la inversión y la adjudicación de proyectos en los distintos niveles administrativos.
