Durante el año 2025, un total de 68 denuncias por agresiones a profesionales médicos fueron presentadas en la provincia de Las Palmas. La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, destacó que esta cifra podría ser solo una pequeña muestra de la realidad, ya que muchos incidentes no son denunciados. «Esto es solo la punta del iceberg», afirmó.
Con el fin de incentivar a los sanitarios a denunciar y facilitar el proceso judicial, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha establecido un convenio de colaboración con el Tribunal de Instancia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Esta iniciativa busca mejorar la experiencia de las víctimas durante el procedimiento judicial.
Hernández advirtió que la violencia en el ámbito sanitario se ha convertido en un fenómeno preocupante. «Calculamos que cada día se produce una agresión a un profesional de la medicina en Canarias», indicó en una rueda de prensa con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos. La presidenta del colegio enfatizó que esta situación no solo afecta a los profesionales, sino que también representa una amenaza para la calidad asistencial y la confianza entre médico y paciente.
Gran Canaria fue la isla con mayor cantidad de denuncias, acumulando el 71% de los casos. Fuerteventura registró el 23% y Lanzarote el 6%. Además, las estadísticas revelan que las doctoras fueron las más afectadas, sufriendo el 54% de los ataques, lo que evidencia la mayor exposición de las mujeres a estas situaciones en el entorno sanitario.
La mayoría de las agresiones denunciadas correspondieron a violencia verbal o intimidatoria. Según explicó Hernández, el 93% de los incidentes se clasificó como amenazas o coacciones, mientras que el 7% restante fue catalogado como acoso. De las amenazas y coacciones, el 57% afectó a mujeres médicas. Los conflictos suelen surgir a raíz de discrepancias con la atención recibida, especialmente en situaciones de presión asistencial, cuando los pacientes llegan sin cita previa. De hecho, el 85% de las agresiones fueron llevadas a cabo por pacientes sin cita programada, y el 15% por familiares o acompañantes.
El número de denuncias se mantuvo similar al del año anterior, que contabilizó 69 agresiones. Sin embargo, se ha observado un cambio en el perfil de los agresores. En 2025, la mayoría de los ataques fueron perpetrados por los propios pacientes, a diferencia de 2024, donde la mayoría provenía de familiares de los pacientes.
Los hospitales se han convertido en el principal escenario de estas agresiones, superando a los centros de salud. En 2025, el 40% de los incidentes se registraron en hospitales, mientras que la atención primaria acumuló el 22%, las urgencias hospitalarias el 16% y las urgencias de atención primaria el 15%. El resto de ámbitos, que incluye el sector privado, sumó el 7% de los incidentes.
Las consecuencias de estas agresiones no cesan al finalizar el incidente. Datos del Colegio de Médicos indican que el 23% de las víctimas se vio obligada a tomar una baja laboral. «Una agresión no termina cuando acaba el incidente o cuando se denuncia», subrayó Hernández, quien señaló que muchos médicos regresan a su puesto con miedo o en estado de alerta constante. Este impacto emocional afecta, a su vez, la práctica médica. «Tras una agresión, la consulta cambia. El profesional empieza a anticipar el conflicto, midiendo sus palabras y evitando ciertas situaciones. Poco a poco, se comienza a normalizar una medicina defensiva», resaltó.
Hernández sostuvo que esta situación repercute en todo el sistema de salud, ya que la consulta pierde naturalidad, se deteriora la comunicación clínica, se debilita la confianza médico-paciente y se crea un ambiente en el que no se permite ejercer la medicina plenamente.
Finalmente, la presidenta del Colegio de Médicos recordó que denunciar una agresión implica un gran desgaste emocional para los profesionales, quienes deben revivir los hechos al narrarlos ante la justicia y enfrentarse al temor de volver a encontrarse con el agresor. El acuerdo firmado busca apoyar a los profesionales durante todo el proceso judicial.
