La reducción de las ratios en las aulas es una reivindicación histórica del profesorado en España, que necesita un cambio legislativo para hacerse efectiva. Desde 2012, los docentes han estado exigiendo esta medida, argumentando que los límites actuales fueron establecidos en los años 90, una época en la que las clases no eran tan complejas como las de hoy.
La necesidad de clases más pequeñas ha sido respaldada no solo por los sindicatos de educación, sino también por la Associación de Mestres Rosa Sensat, que considera esta cuestión como una «urgencia». En las aulas, todos los profesionales y las familias de los estudiantes defienden la medida. Según Toni Solano, un profesor de Lengua y Literatura y director de un instituto en Castellón, «si tienes menos alumnos, enseñas mejor, aunque tú seas un peor profesor. Es de cajón. Reducir las ratios es una necesidad».
El tamaño medio de las clases ha disminuido en la mayoría de los países de la OCDE, incluida España. Actualmente, el Gobierno está trabajando en una ley que podría rebajar el número máximo de alumnos por aula a 22 en educación primaria y 25 en educación secundaria obligatoria, frente a los 25 y 30 actuales.
Sin embargo, un informe de EsadeEcPol ha puesto en duda la efectividad de esta medida, señalando que sus efectos sobre el aprendizaje son en general pequeños o nulos. El estudio, titulado «Clases más pequeñas, impactos limitados para inversiones elevadas» y firmado por José Montalbán Castilla, profesor asistente en el Swedish Institute for Social Research (SOFI) de la Universidad de Estocolmo, concluye que disminuir las ratios es una estrategia costosa que no necesariamente mejora el rendimiento académico ni reduce las interrupciones en clase.
Solano también mencionó la evolución del modelo educativo, indicando que hace 40 años se podía controlar el comportamiento de los estudiantes con un número elevado de alumnos, pero actualmente, la atención a la diversidad y la inclusión requieren un enfoque diferente. «¿Cómo puedes atender a la diversidad con 30 alumnos?», se preguntaba.
La reducción de ratios es una política que han adoptado otros gobiernos, como el de Nueva York, que en 2022 limitó el tamaño de las clases a un máximo de 20 estudiantes en educación infantil y hasta 25 en 2º de bachillerato, con un coste significativo para el estado.
Montalbán plantea una pregunta crucial en su informe: «¿Por qué los gobiernos continúan optando por reducir el tamaño de las clases si no hay beneficios claros en el rendimiento académico o el bienestar de los estudiantes?» Esta decisión suele responder a una demanda de grupos influyentes en el ámbito educativo, como docentes y familias.
