La reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal traerá cambios significativos en el sector de los alquileres turísticos en España. Esta normativa, que entrará en vigor el 3 de abril de 2025, establece que toda vivienda destinada al alquiler vacacional deberá contar con la aprobación explícita de la comunidad de propietarios, requiriendo una mayoría de tres quintas partes para su autorización.
La medida busca abordar la creciente preocupación por la escasez de viviendas en alquiler estable, en un contexto donde la demanda de inmuebles supera a la oferta. El Gobierno de España ha decidido otorgar mayor autoridad a las comunidades de vecinos, permitiendo que estas controlen la presencia de alquileres de corta estancia en sus edificios, una situación que ha generado tensiones en numerosas localidades, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid.
Un registro para combatir el fraude
Además, se ha implementado la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un registro que estará operativo desde el 2 de enero de 2025. Este sistema tiene como objetivo centralizar y verificar todos los inmuebles que se encuentren en régimen de alquiler turístico y temporal. Con esta iniciativa, se espera reducir los casos de fraude y asegurar que todas las prácticas se realicen dentro del marco legal establecido.
El nuevo marco normativo también contempla la posibilidad de aplicar cuotas adicionales a los propietarios que alquilen sus viviendas como turistas, en función del desgaste que estas generen en las zonas comunes. Esta medida podría contribuir a un aumento en la disponibilidad de viviendas para alquileres a largo plazo, favoreciendo así a aquellos ciudadanos que buscan estabilidad residencial.
Impacto en el mercado de alquiler
El impacto de esta reforma ya se está sintiendo en el mercado. Según el Colegio de Registradores, se han otorgado más de 370.000 números de registro único de alquiler turístico desde el pasado 1 de julio. Esta cifra refleja la magnitud de la actividad de alquiler en el país y la necesidad de regularla adecuadamente.
Los convenios de colaboración firmados con diversas administraciones autonómicas, como la Generalitat de Cataluña, el País Vasco y Navarra, también indican el alcance de la medida, que ya afecta a más de treinta ayuntamientos y ocho comunidades autónomas.
Con estos cambios, el Gobierno busca no solo limitar la proliferación de viviendas de alquiler turístico, sino también reequilibrar el mercado hacia opciones más sostenibles y accesibles para todos los ciudadanos.
