La Audiencia Nacional ha impuesto una multa superior a 43 millones de euros a una de las mayores redes ilegales de IPTV en España, en un caso que involucra delitos contra el mercado, la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales. La sentencia representa una de las sanciones más elevadas en la historia española por infracciones relacionadas con la propiedad intelectual.
Este procedimiento judicial se inició hace varios años a raíz de una denuncia de Nagravision y se vio reforzado por la ampliación de la denuncia presentada por LaLiga, que aportó pruebas clave obtenidas a través de compras controladas. Además, al proceso se sumaron como acusación particular Movistar Plus+, Mediapro y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda).
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía y el Grupo de Propiedad Intelectual de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), con la colaboración de Europol y Eurojust para la coordinación internacional de las actuaciones.
El fallo establece una indemnización de 12 millones de euros para las compañías afectadas y multas adicionales por más de 30 millones por el delito de blanqueo de capitales. La red ilegal, liderada por un individuo conocido como «Dash, el iraní», operaba a través de plataformas como rapidiptv.com, rapidiptv.net y iptvstack.com, distribuyendo de forma fraudulenta contenidos deportivos, películas y series, incluyendo los derechos audiovisuales de LaLiga, a más de dos millones de usuarios desde servidores ubicados en trece países de tres continentes.
Para ocultar el origen ilícito de los fondos, la organización utilizó diversas herramientas como pasarelas de pago, intercambios de criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas. Entre las operaciones detectadas destacan la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de dos vehículos de lujo por un importe aproximado de 400.000 euros.
El acuerdo judicial contempla el decomiso total de los bienes y fondos intervenidos, así como el cierre definitivo de los dominios implicados en la actividad ilícita.
Impacto de la sanción en la lucha contra la piratería audiovisual
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó el fraude audiovisual como una «lacra que pone en riesgo la supervivencia de una industria esencial para la economía europea, como es el deporte en vivo». Tebas resaltó que esta sanción ejemplar demuestra la necesidad de combatir la piratería con firmeza, especialmente contra las organizaciones criminales que operan detrás de estas redes ilegales.
En su estrategia global contra la piratería, LaLiga logró reducir en un 60% el consumo ilegal de sus contenidos en España durante la temporada 2024-25. Además, anunció que ofrecerá una recompensa de 50 euros a quienes denuncien bares que emitan fútbol de forma ilegal.
Por su parte, el CEO de Movistar Plus+ alertó que alrededor del 43% de los espectadores de fútbol en España acceden a los partidos mediante canales piratas, lo que resalta la magnitud del problema y la importancia de seguir reforzando las medidas contra estas prácticas ilegales.
