El Tribunal Supremo ha decidido no aceptar la solicitud de suspensión cautelar presentada por Santa Bárbara en relación con dos préstamos por un total de 3.000 millones de euros destinados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra Sistemas y Escribano Mechanical & Engineering para programas especiales de modernización de armamento (PEM).
En una resolución fechada este lunes, a la que tuvo acceso EFE, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo rechazó la petición de Santa Bárbara mientras se resuelve el fondo del recurso que la empresa presentó contra dichos préstamos. La Sala argumentó que los daños invocados por Santa Bárbara no cuentan con pruebas suficientes que los respalden, y que no se ha demostrado que la ejecución del Real Decreto y la concesión de las ayudas puedan causar perjuicios inminentes ni irreparables.
El auto subraya que quien solicita la suspensión debe acreditar de manera clara y concreta los daños de difícil o imposible reparación para que la medida cautelar proceda, algo que Santa Bárbara no ha logrado. Además, los magistrados indicaron que no se ha probado que la continuidad de Santa Bárbara, su posición en el mercado o los empleos actuales puedan verse comprometidos por la financiación otorgada a sus competidores.
Por otro lado, el Tribunal recordó que Santa Bárbara fue adquirida en abril de 2000 por General Dynamics Corporation, una multinacional estadounidense líder mundial en el sector de la defensa. Esto, según el Supremo, dificulta sostener que su estabilidad o los puestos de trabajo estén en riesgo por no recibir los préstamos cuestionados.
Asimismo, Santa Bárbara ya dispone de otros créditos en España para la ejecución de distintos proyectos, como el Programa de Actualización de Vehículos Pizarro (PIZARRO-ACT), que cuenta con una financiación de 176 millones de euros concedida mediante el Real Decreto 914/2025.
La Sala también rechazó los argumentos de Santa Bárbara relativos a un supuesto perjuicio al interés público y a la empresa. Por el contrario, el Supremo destacó el relevante interés nacional en la modernización de los programas de armamento, que forman parte de una estrategia tanto española como europea para reducir la dependencia exterior en suministros estratégicos, fomentar industrias clave y fortalecer la capacidad de defensa autónoma.
El tribunal advirtió que suspender la financiación de más de 3.000 millones de euros para los PEM no supondría un simple aplazamiento, sino que alteraría de forma significativa la planificación militar, industrial y presupuestaria, con consecuencias acumulativas difíciles de revertir. Esta paralización afectaría directamente la modernización de capacidades militares esenciales, el cumplimiento de compromisos internacionales de España y la estabilidad de un sector industrial estratégico.
Finalmente, el Supremo concluyó que, frente a este interés público prioritario, no se identifican daños irreparables para Santa Bárbara. Si bien la financiación a sus competidores implica la pérdida de una expectativa económica, este interés privado no puede prevalecer sobre el bien público ni sobre los intereses legítimos de las empresas beneficiarias.
