Las compañías eléctricas han intensificado su presión sobre el Gobierno, solicitando una ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. Ante el contexto actual, marcado por el aumento de los precios del petróleo y del gas debido a conflictos internacionales como el de Irán y la guerra en Ucrania, estas empresas argumentan que contar con una energía nuclear, considerada segura y autónoma, es una opción valiosa y económica.
Los principales actores de esta demanda son Iberdrola, Endesa y Naturgy, que son los principales accionistas de la central de Almaraz. En un evento reciente donde Iberdrola otorgó sus becas en presencia de Felipe VI, se hizo hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo escuche las voces del sector antes de tomar decisiones drásticas. Por su parte, Endesa ha subrayado que el panorama ha cambiado considerablemente, mientras que Naturgy va más allá, solicitando modificaciones a los planes oficiales actuales.
La tensión en este asunto se incrementa en los despachos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que actualmente está evaluando la posibilidad de prorrogar tres años la vida de los grupos de la central de Almaraz, cuya fecha de cierre está prevista para 2027 y 2028. El CSN deberá emitir un pronunciamiento antes del verano, el cual será fundamental para que el Ministerio para la Transición Ecológica tome la decisión final.
A pesar de que el pasado octubre se solicitó una prórroga de tres años, las eléctricas persiguen una extensión mínima de diez años, respaldando su solicitud con todos los argumentos posibles. Mientras el Gobierno mantiene su defensa de las energías renovables, es importante señalar que Bruselas ha clasificado la energía nuclear como parte de las fuentes renovables desde el inicio de la crisis en Ucrania. Esta situación abre nuevas expectativas y esperanzas para las empresas y los defensores de la energía nuclear.
