El conflicto en Irán, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel, está generando un clima de incertidumbre que podría impactar severamente en el sector de la vivienda en España. Durante una jornada de análisis celebrada esta semana, la Confederación Nacional de la Construcción advirtió que el aumento previsible en los precios de materias primas como el petróleo, el gas y otros materiales de construcción podría encarecer la producción.
Gonzalo Cortázar, consejero delegado de Caixabank, afirmó que «todo hace pensar» que esta situación llevará a que las hipotecas alcancen niveles aún más altos. Este fenómeno se produce en un contexto donde el Euríbor ha registrado un incremento histórico apenas días atrás, lo que podría suponer un aumento en la cuota hipotecaria anual de hasta 177 euros en el peor de los casos.
Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), se mencionó que el impacto del conflicto dependerá de su duración, pero que ya se están sintiendo las repercusiones en los hogares, especialmente debido al aumento en el precio de los carburantes. Este encarecimiento afecta la popularidad de los líderes políticos, como se ha visto en el pasado.
Por otro lado, la crisis de la vivienda se complica aún más por la dificultad que enfrentan los hogares para acceder a la misma. Los precios de la vivienda han aumentado significativamente, con un incremento del 12,7% en 2025, lo que agrava la situación para aquellos que buscan comprar. La Universidad Rey Juan Carlos señala que los choques energéticos tienden a trasladarse rápidamente a los costes del sector inmobiliario, y en un mercado con una oferta relativamente rígida, esto se convierte en un reto mayor.
El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz ha puesto en alerta a los mercados, con el barril de Brent superando los 100 dólares en varias ocasiones. Este aumento de costes de producción podría frenar la ejecución de proyectos tanto de viviendas como de infraestructuras, en un momento donde ya hay un déficit significativo de viviendas en el país.
Las voces del sector han insistido en la necesidad de revisar las leyes relacionadas con los contratos públicos, buscando mecanismos que permitan ajustar los contratos ante situaciones de crisis. Esta solicitud cuenta con el apoyo de sindicatos y algunos miembros del gobierno, aunque las decisiones concretas aún están en discusión.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el gobierno está analizando el impacto de los costes de los materiales y el Euríbor, y que están trabajando en una respuesta a la crisis. Mientras tanto, algunas medidas de protección para hogares vulnerables están siendo consideradas, aunque aún no hay acuerdos definitivos.
Las organizaciones de inquilinos han pedido que se incluyan medidas para limitar los desahucios y prorrogar contratos de alquiler, especialmente en el contexto actual de inflación derivada del conflicto en Irán. La situación se complica aún más al considerar que el gobierno se encuentra en un periodo de análisis y discusión de propuestas. La incertidumbre del mercado y el aumento de precios son factores que continúan afectando a la economía española en este contexto global.
