La percepción generalizada entre la población es que la seguridad alimentaria se traduce en la presencia constante de productos en los supermercados y, preferiblemente, a precios bajos. Esta visión, tan arraigada que parece ser compartida por muchos responsables políticos, se origina en una educación que cada vez se aleja más de la realidad de la producción de alimentos.
Hoy en día, relacionar una granja de vacas con el vaso de leche del desayuno o un campo de trigo con el pan que consumimos se ha vuelto un desafío. Muchos niños, y algunos adultos, no podrían hacer esta conexión. Esta desconexión entre el entorno urbano y el rural se manifiesta de formas curiosas, como en las quejas de turistas que consideran que el canto de los gallos al amanecer arruina su escapada romántica en la naturaleza.
La imagen idealizada del campo, reducida a paisajes pintorescos, poco tiene que ver con la realidad de quienes habitan y trabajan en él. Desde esta perspectiva distorsionada, la Unión Europea diseña numerosos acuerdos comerciales. Mientras a los agricultores locales se les exige el cumplimiento riguroso de normativas ambientales y laborales, se estima que solo un 0,08 % de los productos importados recibe alguna inspección.
Este panorama permite la entrada de productos que no podemos producir legalmente, creando una competencia desleal que pone en riesgo nuestra economía agrícola. Las consecuencias de esta situación son palpables. El aumento constante en el precio de la cesta de la compra es solo una de las manifestaciones más visibles de un problema más profundo.
Además, la firma de acuerdos que favorecen a la industria europea a cambio de permitir la entrada de productos agropecuarios sin garantías normativas amenaza con desmantelar nuestro sistema productivo. Durante la crisis del covid, Europa enfrentó una escasez de suministros, salvo en lo que respecta a carne, huevos, frutas y verduras frescas, gracias a la fortaleza del sector primario español. Pero, ¿qué habría sucedido si este sector hubiese estado debilitado?
Mientras el sector farmacéutico fue declarado estratégico para evitar desabastecimientos, parece que la lección sobre la importancia de la alimentación no ha calado. Sin un reconocimiento del sector primario como esencial, corremos el riesgo de descubrir, demasiado tarde, que la seguridad alimentaria no se garantiza en las estanterías de los supermercados, sino proporcionando apoyo y recursos a los agricultores y ganaderos. Esta realidad es justo lo contrario de lo que se está haciendo desde el Gobierno del Estado y desde Bruselas. Es crucial no perder de vista esta problemática.
