Casi la mitad de los cigarrillos electrónicos que se comercializan en Europa son ilegales, según un estudio del Instituto Fraunhofer IIS. Este mercado negro alcanzará un valor estimado de más de 6.600 millones de euros en 2024, con proyecciones que indican un aumento a 7.200 millones en 2025.
El informe señala que el 90% de los cigarrillos electrónicos importados a Europa provienen de China, y una parte considerable se fabrica de manera irregular. En España, el mercado negro representa el 39%, un porcentaje inferior a la media europea, aunque superior al de Portugal, que se sitúa en un 30%.
El estudio destaca el creciente uso de estos productos entre los jóvenes, con un 3,1% de los menores de 15 años que prefieren los vapeadores a los cigarrillos tradicionales. Esta tendencia está en aumento, lo que plantea preocupaciones sobre el acceso de los menores a productos no regulados.
Los investigadores atribuyen gran parte de la problemática a la legislación inconsistente en los países europeos, lo que crea incentivos para el comercio irregular. Las diferencias impositivas y la falta de una regulación armonizada favorecen el crecimiento del mercado negro, que se estima que crecerá un 8,6% anual, alcanzando un valor de 10.830 millones de euros para 2030.
El estudio advierte sobre las pérdidas fiscales significativas que esto provoca, citando el caso de Alemania, donde se pierden millones de euros en impuestos relacionados con el tabaco. Además, los cigarrillos electrónicos ilegales pueden contener sustancias peligrosas para la salud, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos a largo plazo.
La situación se considera un reto para Europa, y el informe sugiere la necesidad de una respuesta coordinada a nivel de la Unión Europea. Se propone una combinación de regulación armonizada y colaboración con socios internacionales, especialmente China, para mejorar el control sobre las importaciones y proteger a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, de los riesgos asociados con el acceso a productos ilegales.
Finalmente, se plantea que la permisividad hacia el mercado negro no solo afecta a la salud pública, sino que también perjudica a los comerciantes legales que cumplen con las normativas y contribuyen con sus impuestos, poniendo en riesgo su modelo de negocio.
