La tensión en el estrecho de Ormuz ha provocado un aumento significativo en el precio del petróleo, que se ha estabilizado por encima de los 100 dólares por barril. Esta situación impacta de manera directa en el presupuesto de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los carburantes. En solo dos semanas, el precio de la gasolina ha incrementado un 14% y el del diésel un 25%, llevando el costo de llenar el depósito a cifras sin precedentes.
Un conductor expresó su descontento: «Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo he llenado por menos de 100 euros, y hoy me temo que va a por más». Este sentir generalizado se refleja en el aumento de las visitas a las gasolineras, que se han vuelto cada vez más costosas, mientras que el precio de la electricidad también alcanza máximos anuales.
En el programa «La Linterna» de COPE, la experta económica y subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, calificó la situación como «muy complicada». Gómez explicó que la liberación de barriles de crudo por parte de la Agencia Internacional de la Energía ha permitido que se mantenga el precio, pero no que se reduzca. La economista advirtió que, si el conflicto se prolonga, «lo vamos a sufrir y mucho», enfatizando que el estrecho de Ormuz es crucial para el suministro mundial de petróleo.
En este contexto, Estados Unidos ha tomado una medida inesperada al levantar temporalmente las sanciones a la compra de crudo ruso, una acción que ha sido aplaudida por el Kremlin. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas desde la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que «el contexto de subida de los precios del petróleo no debe en absoluto llevar a revisar nuestra política de sanciones hacia Rusia».
Yolanda Gómez ha criticado duramente esta decisión, considerándola un «balón de oxígeno para Putin» y afirmando que el gran perjudicado en esta situación es Ucrania. «Es una bofetada más a la Unión Europea, haces esto sin consultar absolutamente nada», sentenció.
Mientras tanto, en España, el Gobierno ha descartado por el momento la posibilidad de bonificar los carburantes o reducir sus impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mencionado la «volatilidad en el precio del barril» y la regulación europea como justificación para esta inacción. Sin embargo, Gómez ha señalado que Hacienda está obteniendo una «recaudación extra que puede y debe devolver a los ciudadanos», estimando ingresos adicionales de hasta 30 millones de euros semanales solo por los combustibles.
La dependencia energética de España ha generado preocupación y abierto el debate sobre la intervención estatal. La patronal CEOE se ha mostrado en contra de las bonificaciones directas como las implementadas durante la guerra de Ucrania, sugiriendo que se opten por «descuentos directamente de los impuestos» para evitar problemas, especialmente para las pequeñas gasolineras.
Aunque los carburantes no parecen ser una prioridad inmediata, el Gobierno sí considera actuar sobre la factura de la luz. La vicepresidenta segunda ha admitido que la reducción del IVA de la electricidad es una de las medidas posibles. Esta opción se presenta en un contexto en el que el conflicto en Oriente Próximo afectará la factura eléctrica de manera diferente según el tipo de contrato.
Gómez ha sido clara al refutar las posturas que sostienen que las rebajas de impuestos no benefician a los ciudadanos, aportando datos que demuestran que «cuando se suspendió el impuesto a la electricidad, entre junio de 2021 y junio de 2022, se rebajó un 36 por ciento la inflación en este sector». Su análisis muestra que, a pesar de que el IPC de la luz llegó a escalar un 50%, las medidas fiscales sí proporcionaron alivio a los consumidores.
La guerra en curso ya está afectando una economía que ya enfrentaba desafíos en los precios. Según el INE, el IPC de febrero se situó en el 2,3%, pero los expertos predicen que lo peor está por llegar. María Jesús Fernández, economista de Funcas, advirtió que «cualquier previsión está sometida a un grado de incertidumbre mayor de lo habitual», pronosticando una inflación del 3,6% en marzo y por encima del 4% a partir de abril.
Los datos de febrero ya revelaban incrementos significativos en productos básicos de la cesta de la compra, como los huevos, que han aumentado un 30% y legumbres y hortalizas que han subido un 8%. Esta situación ha llevado a una «avalancha de cancelaciones» en el sector turístico, según confirmó David Blasco, presidente de la asociación de agencias de viajes, evidenciando que el impacto del conflicto se extiende mucho más allá del precio de la energía.
