Un accidente laboral ocurrido hace cuatro años transformó la vida de Álvaro Neto, un electricista de Lugo. A los 41 años, sufrió una caída de aproximadamente dos metros mientras trabajaba en la reforma de un hipermercado en Santiago, golpeándose la cabeza y fracturándose el cráneo y una clavícula. Tras tres días en la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y dos semanas hospitalizado, las consecuencias del accidente han sido devastadoras para él y su familia.
Desde el 27 de junio de 2022, fecha del siniestro, Álvaro Neto no ha podido regresar a su trabajo. La Seguridad Social le reconoció una incapacidad permanente absoluta, pero la ayuda económica que recibe como autónomo es insuficiente para cubrir las necesidades de su hogar. Su esposa, Lucelia Pereira, quien trabaja en empleos temporales, ha tenido que asumir la voz de su marido, que a menudo se siente incapaz de expresar lo que piensa debido a las secuelas del accidente. «Nuestra situación económica es crítica», afirma Lucelia, quien resalta que tienen dos hijas menores de edad y numerosas deudas.
Casi cuatro años después del accidente, el caso sigue sin resolverse, atrapado en un juzgado de Santiago. A pesar de haber presentado una querella, Álvaro no ha recibido ninguna indemnización. «Nadie se ha preocupado por mí», expresa. Su abogado, Jorge Neira, describe la situación como una ruina para la familia, señalando que las compañías de seguros y las empresas implicadas no han colaborado de manera efectiva.
El relato de Álvaro sobre el accidente revela una serie de irregularidades. Se señala que la Policía Nacional no fue avisada tras el suceso, lo que retrasó la investigación, que se realizó casi dos años después, a instancias de la familia. El informe inicial de la empresa de prevención de riesgos atribuía la culpa a Álvaro, argumentando que había manipulado incorrectamente la carga de un cuadro eléctrico de 34 kilos desde la escalera. Sin embargo, su abogado sostiene que este informe se basa en testimonios insuficientes y no incluyó a testigos clave.
La situación legal se complica aún más cuando el juez y la Inspección de Trabajo de A Coruña deciden archivar la causa, alegando que al ser autónomo, Álvaro es responsable del accidente. Esto ha generado un fuerte rechazo por parte de su abogado, quien argumenta que, como subcontratista, su cliente estaba bajo el protocolo de seguridad de la empresa que había contratado los trabajos.
La desesperación de Álvaro Neto es palpable. «Me siento vendido. Estoy desesperado», declara, recordando que no tiene ningún recuerdo claro de lo ocurrido en la fecha del accidente. El matrimonio ha presentado una querella contra el hipermercado y las empresas involucradas, acusándolas de un delito de lesiones y de no respetar los derechos de los trabajadores.
Lucelia Pereira exige justicia, resaltando las irregularidades del proceso y la falta de atención por parte de las autoridades. Acusa a los responsables de aprovecharse de su vulnerabilidad y critica la falta de investigación adecuada. «Se han aprovechado de nuestra vulnerabilidad», concluye, mientras espera que se haga justicia por su marido y su familia.
