En 2025, los asuntos relacionados con los servicios sociales en la Comunitat Valenciana volvieron a destacar como las quejas más frecuentes presentadas al Síndic de Greuges. Este hecho fue revelado en el informe anual que fue presentado el martes en las Corts por Ángel Luna, donde se detalla que estas quejas representan casi la mitad de las más de 4.100 solicitudes que recibe el defensor del pueblo valenciano. Luna criticó el «atasco irresoluble» que afecta a las prestaciones vinculadas a este ámbito.
Según los datos proporcionados por el Síndic de Greuges, las quejas relacionadas con servicios sociales alcanzaron la cifra de 1.900, lo que representa una diferencia notable respecto a otros asuntos. La mayoría de estas quejas se relacionan con el reconocimiento de ayudas para la dependencia y las demoras en la valoración de la discapacidad. En comparación, los temas relacionados con la transparencia administrativa ocupan el segundo lugar con 412 quejas, seguidos por los servicios públicos y el medio ambiente, con 399 quejas. Sin embargo, estos dos últimos ámbitos han mostrado un ligero incremento desde 2021, mientras que las quejas sobre servicios sociales y vivienda han duplicado sus cifras en cinco años.
Las quejas sobre servicios sociales han pasado de 1.040 a 1.962, mientras que las relacionadas con la vivienda han aumentado de 78 a 170. El informe del Síndic señala que «el actual equipo que conforma el Síndic de Greuges ha advertido desde su primer Informe Anual en 2020 sobre los problemas derivados del diseño del funcionamiento de los servicios sociales en la Comunitat, que obligan a una doble valoración por parte de los equipos sociales municipales y de los de la consellería». Luna lamentó que no se haya hecho «nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble».
Además, durante 2025, el Síndic volvió a poner de manifiesto la problemática que surge cada vez que finalizan los contratos programa, que ahora tienen una duración de cuatro años, entre la consellería competente en servicios sociales y los ayuntamientos que gestionan ciertos servicios y programas. Esta situación se complica porque las administraciones locales no pueden contar con plantillas estables, ya que la contratación de personal depende de la recepción de subvenciones.
Por otro lado, el informe también destaca la gravedad del creciente problema social de la vivienda. Aunque no se menciona el número absoluto de quejas, sí se indica que en términos porcentuales estas se han más que duplicado en los últimos cinco años. Luna subrayó que la situación de la vivienda ya era precaria antes de la dana, pero la catástrofe del 29 de octubre de 2024 «nos ha desnudado», dejando una «situación dramática».
Asimismo, el Informe Anual 2025 señala la «desagradable sorpresa» de que la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2025 eliminara el procedimiento para conceder ayudas «ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar». Esta medida, que estuvo vigente durante 2023 y 2024, fue retirada de manera incomprensible, lo que ha sido comunicado a la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, para advertir que esta decisión «es un grave paso atrás y limita seriamente las posibilidades de acceso a una vivienda para ciertos colectivos».
