La contaminación acústica se ha convertido en una de las principales preocupaciones ambientales en Europa, ocupando el tercer lugar tras la contaminación del aire y las temperaturas extremas. En España, alrededor del 30% de la población se ve afectada por este problema, que, según la Asociación de Juristas contra el Ruido (JcR), es frecuentemente ignorado por las autoridades.
La presidenta saliente de JcR, Yomara García Viera, quien ha estado al frente durante más de una década, señala que la organización ha trabajado en diversas jurisdicciones para abordar este inconveniente, logrando numerosas sentencias que han beneficiado a los afectados. «El silencio está infravalorado», lamenta, destacando los efectos perjudiciales del ruido en la salud pública.
Estudios del Instituto Nacional de Estadística indican un aumento del 18% en el número de personas sordas o con discapacidad auditiva entre 2008 y 2020. Además, la contaminación acústica se asocia con problemas de salud como trastornos cardiovasculares y cognitivos, debido a su impacto en los niveles de cortisol, conocido como la «hormona del estrés».
Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, actualizado en 2025, estima que la contaminación acústica causa aproximadamente 66.000 muertes prematuras al año en Europa. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a España como uno de los países más afectados por este fenómeno, situándose en segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Japón.
Según un análisis realizado por el operador turístico Altezza Travel, Barcelona es la segunda ciudad más ruidosa del mundo, con una puntuación de 112 sobre 150, solo por detrás de Nueva York. Las ciudades españolas más afectadas por la contaminación acústica son, además de Barcelona, Sevilla, Palma, Granada y Bilbao, donde la combinación de tráfico, vida nocturna y turismo contribuye a la elevada contaminación sonora.
García Viera describe la situación como una «epidemia», no solo en zonas urbanas, sino también en áreas rurales que han visto un aumento en el ruido debido a celebraciones y actividades turísticas. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares falló a favor de los vecinos de Palma, condenando al Ayuntamiento por la «tortura acústica» derivada de espectáculos públicos en la plaza de toros, señalando que las emisiones sonoras superaban los límites establecidos por la normativa municipal.
Este tipo de sentencias representan un paso significativo hacia la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la contaminación acústica. «A menudo trabajamos como David frente a Goliat», concluye García Viera, subrayando la importancia de estas victorias para mejorar la calidad de vida de las familias afectadas.
