El Departamento de Educación ha introducido un cambio relevante en el proceso de adjudicación de plazas docentes para el curso 2026-2027, permitiendo que los directores de escuelas e institutos puedan proponer la continuidad de profesores interinos que ya trabajan en sus centros.
Esta modificación, confirmada por el medio ARA, supone un giro respecto a la resolución inicial publicada el 3 de marzo, que limitaba la capacidad de los directores para realizar estas propuestas únicamente a docentes funcionarios. La nueva resolución, emitida el 4 de mayo y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), busca ajustar y facilitar la aplicación del procedimiento, además de responder a las necesidades organizativas de los centros educativos.
De este modo, aunque los directores ganan algo más de influencia para elegir parte del claustro, la propuesta para que un interino continúe dependerá siempre de que ningún funcionario haya solicitado esa vacante. Además, los interinos deberán cumplir varios requisitos para ser considerados, como poseer el máster universitario de formación del profesorado en secundaria, haber estado destinados en el mismo centro durante al menos cuatro meses en un puesto vacante (no sustitución), acreditar un mínimo de doce meses en la bolsa de trabajo y estar disponibles en ella a 1 de septiembre de 2026. También se limita que un interino no haya sido nombrado más de 24 meses consecutivos en la misma plaza que se pretende mantener.
Reclamos de los directores y contexto de la medida
Este cambio responde a una demanda de más de 300 directores que, agrupados en la Asociación Profesional de Directivos del Ámbito Educativo (AXIA), presentaron un recurso contra la resolución inicial. Según estos directivos, la normativa original restringía excesivamente la posibilidad de realizar entrevistas para seleccionar docentes y reducía el papel de las direcciones, debilitando su capacidad para gestionar los equipos educativos.
Desde AXIA denunciaron que la resolución representaba una «vulneración clara e injustificada» del marco legal vigente y un retroceso en la autonomía de los centros. También acusaron al Departamento de Educación de aplicar una interpretación «restrictiva, arbitraria y sin base técnica» de la normativa que regula las adjudicaciones.
Con esta rectificación, el departamento reconoce la conveniencia de ajustar la regulación para mejorar el proceso y atender mejor las necesidades organizativas, aunque mantiene la prioridad absoluta para funcionarios y funcionarios en prácticas en la asignación de plazas.
