La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha vuelto a exigir al Ministerio de Educación la inclusión de los profesores de centros concertados en la reducción de la carga lectiva que contempla el Anteproyecto de Ley Educativa presentado en noviembre. Actualmente, esta mejora laboral se aplica exclusivamente al profesorado de la enseñanza pública, dejando fuera a quienes trabajan en aproximadamente un tercio del sistema educativo español.
Esta reivindicación ha cobrado fuerza después de que el citado Anteproyecto limitara la reducción de horas lectivas solo a los docentes públicos, lo que, para FSIE, representa una desigualdad injustificada, puesto que ambos colectivos desempeñan la misma función en el servicio público educativo. El Consejo Escolar del Estado respaldó por unanimidad extender esta medida también al profesorado de la concertada, señalando la necesidad de un trato equitativo.
Ante esta situación, FSIE ha intensificado sus acciones para defender la igualdad en el sector. Además del dictamen favorable del Consejo Escolar, el sindicato ha trasladado esta demanda a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas, instándoles a defenderla en la Conferencia Sectorial de Educación. Como paso siguiente, FSIE ha solicitado directamente a la ministra de Educación la convocatoria urgente de la Mesa de la Enseñanza Concertada para abordar la ampliación de esta reducción de carga lectiva, entre otras prioridades.
Enrique Ríos, secretario general de FSIE, ha declarado que esta cuestión es fundamental para los docentes de la concertada y que el sindicato no cejará en su defensa. Subraya que no resulta aceptable que una mejora que beneficia tanto las condiciones laborales como la calidad educativa se limite a un solo sector del profesorado que presta el mismo servicio público.
El sindicato asegura que continuará actuando con determinación en todos los ámbitos para corregir esta desigualdad. Esta iniciativa forma parte del compromiso de FSIE por proteger los derechos del profesorado y garantizar un trato justo y homogéneo para todos los docentes del sistema educativo español, concluye Ríos.
