El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley que busca mejorar las condiciones laborales del profesorado en la educación no universitaria, con la reducción de las ratios en las aulas y la disminución de la jornada lectiva para los docentes. La norma, que ahora debe pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado para su aprobación definitiva, plantea límites máximos de alumnos por clase y horas lectivas semanales ajustadas.
En concreto, cuando la ley entre en vigor, las clases de educación primaria tendrán un máximo de 22 estudiantes, frente a los 25 actuales. En educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato, el tope será de 25 alumnos, bajando de los 30 actuales. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales que presenten discapacidad física, intelectual, sensorial o trastornos severos, como el autismo, contará como dos plazas en la ratio.
Respecto a la jornada lectiva, se establece un máximo de 18 horas semanales para profesores de ESO y bachillerato, y 23 horas para infantil, primaria y educación especial. De forma excepcional, por motivos organizativos, se podrá ampliar hasta 20 horas, compensadas con dos horas complementarias. Esta reducción se centra únicamente en las horas de docencia en el aula, ya que el horario total de los docentes, que incluye otras tareas, es de aproximadamente 37,5 horas semanales.
Diversas comunidades autónomas, como Cataluña, Euskadi, Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, ya aplican estas jornadas, mientras que otras, como Madrid, no las cumplen. La intención del Gobierno es corregir las desigualdades territoriales y mejorar la atención individualizada al alumnado.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha señalado que esta legislatura está marcada por el compromiso con el profesorado. «Si mejoramos las condiciones de trabajo de nuestros docentes, mejoramos la educación del país y las oportunidades de niños y jóvenes», ha afirmado tras la reunión del gabinete de Pedro Sánchez. Tolón también ha destacado que el Ejecutivo está trabajando en otros aspectos para fortalecer la profesión docente, como facilitar el acceso, impulsar la formación continua y reducir la carga burocrática mediante herramientas de inteligencia artificial.
La ministra ha subrayado que reducir la cantidad de alumnos por docente o compartir la atención entre varios profesores permitirá elevar la calidad educativa. «Es una apuesta para que el profesorado disponga de más tiempo para preparar sus clases, atender al alumnado y desempeñar su labor en condiciones dignas», ha añadido, aclarando que esta medida revierte los recortes sufridos en educación en 2012.
Implementación gradual y desafíos en la práctica
El calendario previsto contempla que la nueva jornada lectiva y la doble consideración del alumnado con necesidades educativas especiales entren en vigor en el curso 2026/2027, aunque en la práctica será difícil aprobar y aplicar la ley este curso, que finaliza en junio, por lo que la aplicación real se pospone al siguiente año escolar.
La reducción general de ratios se implantará de manera progresiva: en infantil y primaria durante el curso 2027-2028; en ESO en 2028-2029; y en bachillerato en 2029-2030. La medida se completará plenamente en el curso 2031-2032.
Según datos de CCOO, en España hay más de un millón de estudiantes con necesidades educativas, de los cuales aproximadamente 250.000 presentan discapacidad o trastornos severos, y por tanto contarán como doble en las ratios. Sin embargo, el resto, más de 800.000 alumnos, con dificultades derivadas de situaciones socioeconómicas o culturales desfavorables, no serán considerados en este recuento.
Reivindicaciones docentes y debate sobre la eficacia
La bajada de las ratios es una demanda histórica del profesorado, que denuncia la creciente complejidad de las aulas y la necesidad de atender mejor la diversidad, un pilar fundamental de la educación inclusiva. Según la maestra Noemí Font, contar con menos alumnos facilita conocer mejor a cada niño, detectar dificultades, personalizar el aprendizaje y generar un ambiente más propicio para atender la diversidad y el bienestar emocional, aspectos que no siempre se reflejan en los resultados cuantitativos.
Font respondía así a un informe publicado por EsadeEcPol que cuestionaba la eficacia de reducir el número de alumnos por clase, argumentando que es una medida costosa que requiere contratar más docentes y aumentar el número de aulas, con efectos limitados en el aprendizaje.
