El sector pesquero de la Comunitat Valenciana ha tomado una determinación contundente este lunes al amarrar sus barcos en protesta por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea (UE). Esta jornada de movilizaciones se ha extendido a nivel nacional, con una destacada concentración en Madrid, donde una delegación valenciana se ha hecho presente durante la reunión entre la secretaria general de Pesca del Gobierno de España, Isabel Artime, y representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
En la mañana del mismo día, pescadores y vecinos se han congregado en el puerto de Santa Pola, una de las cofradías más importantes de la región, que cuenta con cerca de cien embarcaciones que han permanecido amarradas. El secretario general de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, José Antonio Díez, ha expresado su descontento, afirmando que el sector enfrenta “nuevas presiones” cada año y que los pescadores están “hartos” de las restricciones.
Demandas del sector pesquero
Las quejas de los pescadores se centran en la regulación que impone la notificación previa cuatro horas antes de la llegada a puerto y la obligación de registrar todas las capturas. Según Díez, es “completamente inviable” pesar las capturas a bordo con precisión, y cada error podría resultar en multas de hasta 3 000 euros. “No pedimos nada más que poder trabajar en paz. Simplemente es lo que reivindicamos, trabajar y que nos dejen trabajar”, ha subrayado.
La jornada de movilización en Santa Pola ha visto a los pescadores levantar pancartas con mensajes que ilustran su frustración, tales como “Europa quiere hundir la flota española. Es imposible cumplir sus medidas” y “Inspectores de pesca, saben que es imposible cumplir esta normativa ¡Ayúdennos!”.
Situación crítica del sector
La Federación Nacional de Cofradías de España ha emitido un comunicado en el que describe la situación del sector como “hiperregulada” y en “vulnerabilidad extrema”. Este planteamiento, según la organización, no solo amenaza la viabilidad económica de la flota, sino que también incrementa los riesgos de seguridad marítima y pone en peligro un modelo pesquero que ha demostrado ser sostenible y compatible con la conservación de los recursos.
La protesta en Santa Pola y la concentración en Madrid reflejan la creciente preocupación del sector pesquero ante normativas que consideran desproporcionadas y que podrían poner en riesgo su futuro y la sostenibilidad del medio marino. La movilización ha sido un llamado a la acción, con el objetivo claro de defender los intereses de los pescadores y la salud de los océanos que dependen de su actividad.
