La situación en el sector lácteo español se agrava, con un enfrentamiento abierto entre productores e industria debido a una significativa caída de precios. En 2026, la renovación de contratos ha desencadenado tensiones, con un descenso de precios de hasta el 15% en pocas semanas, lo que ha llevado a la intervención del Gobierno para intentar mediar en el conflicto.
La problemática comenzó cuando los precios en origen se desplomaron. Al cierre de 2025, el precio medio se situaba en torno a los 0,53 euros por litro. Sin embargo, las nuevas ofertas contractuales han impuesto recortes que colocan los precios entre 0,38 y 0,47 euros, según lo señalado por Francisco Fernández, presidente de Agaprol, que resume las rebajas de entre 6 y 9 céntimos por litro.
El impacto es especialmente severo en Galicia, la región que concentra el 42% de la producción nacional, donde los ganaderos ya enfrentaban precios por debajo de la media. En Castilla y León, las organizaciones agrarias advierten que hasta la mitad de las explotaciones podrían cerrar si esta tendencia continúa. En Navarra, los productores denuncian imposiciones contractuales sin justificación. En Catalunya, ganaderos de Unió de Pagesos protestaron arrojando leche ante la planta de Pascual en Gurb, en respuesta a una oferta que proponía rebajas de entre 5 y 6 céntimos.
Los ganaderos subrayan que esta reducción de precios se produce en un contexto de costes de producción que se sitúan entre los 55 y 60 céntimos por litro, lo que genera pérdidas de hasta 18 céntimos. Charo Arredondo, responsable del área láctea de COAG, critica que «se nos está aplastando y obligando a trabajar a pérdidas». Por su parte, Ramon Artime, presidente del sector de vacuno de leche de ASAJA, añade que «la industria impone y no negocia».
Las organizaciones agrarias han expresado dudas sobre la legalidad de las prácticas de la industria, con Roberto García, secretario general de Uniones Agrarias, afirmando que «las industrias lácteas están constituyendo un nuevo cártel de la leche». Estas preocupaciones han sido comunicadas a los organismos de competencia, lo que podría abrir la puerta a una potencial investigación.
Desde la perspectiva de la industria, Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), sostiene que los ajustes de precios son una respuesta necesaria a la evolución del mercado europeo, donde los precios han disminuido significativamente. Además, señala que España enfrenta un déficit estructural en productos lácteos que obliga a ajustar precios para mantener la competitividad.
En medio de este conflicto, el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, ha intentado mediar, apelando al diálogo y recordando que los precios en España aún son superiores a la media europea. Sin embargo, las reuniones mantenidas con los principales actores del sector no han logrado reducir la tensión. José Ramón González, de UPA, se mostró crítico, calificando las reuniones como «totalmente improductivas». Las organizaciones agrarias exigen acciones más contundentes y la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar contratos que se sitúen por debajo de los costes.
El conflicto se produce en un contexto de decrecimiento del sector, donde actualmente existen 8.661 explotaciones de vacuno de leche, con una desaparición constante de explotaciones. La insatisfacción entre los ganaderos va en aumento, y las protestas comienzan a manifestarse en las principales regiones productoras sin que se vislumbre una solución cercana.
