En el contexto actual, Indra y la industria de defensa están inmersos en una batalla crucial por contratos que suman cerca de 3.700 millones de euros en 2026. Este monto está vinculado a los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), un conjunto de iniciativas clave que el Gobierno ha comprometido para fortalecer la industria militar española.
Sin un proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la vista, el gasto más previsible en defensa se centra en estos programas, que cuentan con un horizonte formal hasta 2030. Hasta el momento, ya se han firmado contratos por un valor total de 23.000 millones de euros, lo que resalta la importancia de este sector para la economía nacional.
Para el presente ejercicio, se espera que al menos 1.600 millones de euros provengan de pagos directos del Ministerio de Defensa, además de 2.100 millones en préstamos del Ministerio de Industria relacionados con estos contratos. Esto establece un volumen significativo de recursos en juego para el sector, convirtiendo a 2026 en un año determinante para empresas como Indra.
El aumento de la inversión militar, impulsada por el Gobierno, ha incrementado la presión sobre la dirección de Indra, especialmente tras la frustrada fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) debido a un «conflicto de interés». A pesar de las tensiones recientes, el Ejecutivo no ha exigido dimisiones en el consejo de administración de Indra, según fuentes gubernamentales.
En el último año, Indra captó cerca del 45% de la inversión del Ministerio de Defensa a través de los PEM, alcanzando un total de 14.400 millones de euros en contratos, sumando tanto acuerdos directos como colaboraciones con otras empresas, incluyendo a EM&E y Telefónica.
La situación se complica tras la reciente disputa entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Escribano. Surge la pregunta: ¿podrá Escribano recuperar la confianza del Gobierno tras este auge inversor en la compañía?
Los PEM, que reúnen 34.000 millones de euros en contratos y programas marco, son el principal pilar del gasto en defensa en un contexto de prórroga presupuestaria y el compromiso con la OTAN de aumentar la inversión en defensa. Este escenario es aún más relevante dada la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio.
Las inversiones extendidas hasta 2037 contemplan que la Armada reciba las últimas unidades de algunos de los programas en ejecución. Sin embargo, la ejecución de los contratos ya ha comenzado a acelerarse, con un monto movilizado de 3.807 millones de euros en 2025 y acuerdos recientes por otros 23.000 millones para los años siguientes.
Hoy en día, ya están adjudicados o planificados más de 25.000 millones de euros, aunque los desembolsos se realizarán en anualidades y dependerán del cumplimiento de los contratos. A pesar de los retos, se espera que una parte considerable de los 34.000 millones comprometidos se ejecute entre 2027 y 2030, consolidando a los PEM como el soporte fundamental para las empresas del sector.
