La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha revelado un conjunto de nuevas medidas destinadas a impulsar la economía del país y mejorar las condiciones de vida de la población. Entre estas iniciativas, destaca un incremento salarial previsto para el 1 de mayo, que busca ofrecer un alivio a los trabajadores.
Rodríguez subrayó que este ajuste salarial es solo el comienzo y dependerá de la disponibilidad de recursos que permitan mantener mejoras sostenidas en el ingreso de los ciudadanos. Este enfoque, según la experta en economía global Osly Hernández, es «cauto y necesario» dado el contexto actual, donde la sostenibilidad se prioriza sobre soluciones inmediatas.
En un diálogo con Sputnik, Hernández analizó las siete medidas anunciadas, enfatizando la importancia de un diálogo entre los sectores público y privado para abordar los futuros incrementos salariales. Recordó los fracasos de los aumentos de 2018 y 2022, que resultaron en una grave inflación y la erosión del poder adquisitivo.
Comisión para el diálogo laboral y reformas estructurales
Uno de los anuncios más significativos fue la creación de una Comisión para el diálogo laboral, que se enfocará en la Constituyente laboral y de seguridad social. Este organismo incluirá la participación del Estado, el sector privado y los trabajadores, lo que podría tener un impacto estructural en la economía venezolana.
Además, Rodríguez propuso la formación inmediata del Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio destinado a recibir propuestas para reformas tributarias que favorezcan un sistema más competitivo y eficiente. La analista Hernández destacó la importancia de aliviar la presión fiscal sobre los sectores productivos para fomentar la inversión.
Modernización del Estado y seguridad social
La presidenta también abogó por la creación de una nueva institucionalidad estatal que sea digital, transparente y eficiente. Aprobó una ley que le permite realizar cambios en los trámites burocráticos, un aspecto fundamental para reducir la corrupción y mejorar los derechos de los ciudadanos.
Rodríguez hizo hincapié en el desbalance demográfico en materia de seguridad social, indicando que la población de jubilados y pensionados supera al número de trabajadores activos. La necesidad de un aporte más significativo del sector privado en este ámbito fue resaltada por Hernández, quien sugirió una reestructuración de la protección social para jóvenes y adultos mayores.
Recuperación de activos y presión internacional
En cuanto a la administración de bienes públicos, se anunció la creación de una comisión para clasificar los activos estratégicos del Estado, lo que permitirá determinar qué recursos son innegociables y cuáles podrían asociarse con capital privado. Esta medida busca una gestión más eficiente y transparente.
Rodríguez también destacó la importancia de recuperar activos y recursos bloqueados en el extranjero para destinarlos a la rehabilitación de infraestructura básica y a la inversión productiva, asegurando así ingresos suficientes para mejorar pensiones y salarios. Además, convocó a una gran Peregrinación para solicitar el levantamiento de sanciones contra Venezuela, prevista del 19 de abril al 1 de mayo.
Hernández consideró que este movimiento es una acción política pacífica para respaldar al pueblo trabajador que busca mejorar sus condiciones de vida. Aunque se mostró cauta respecto a un posible levantamiento de sanciones por parte de EE.UU., dejó entrever un atisbo de esperanza, sugiriendo que la situación en Oriente Medio podría influir en las decisiones estadounidenses.
En conclusión, la estabilidad y reconstrucción de la economía venezolana dependerán de la colaboración de todos los sectores productivos, desde los comuneros hasta los grandes empresarios, para respaldar el plan de recuperación propuesto por el gobierno.
