El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles la multa de 3,6 millones de euros impuesta a Alquiler Seguro por prácticas consideradas «abusivas» contra sus inquilinos. Esta decisión se ha tomado tras desestimar el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria, según ha informado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Con esta resolución, la vía administrativa queda agotada y la sanción se hace efectiva de manera definitiva. El expediente sancionador, que se abrió en marzo de 2025, se inició tras recibir denuncias de organizaciones como Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La resolución firmada por Bustinduy establece que Alquiler Seguro ha cometido seis infracciones muy graves y una grave, al considerar que la compañía ha vulnerado los derechos de los consumidores aprovechando su posición dominante en el mercado. Además, se encuentra en curso otra investigación por hechos similares.
Por su parte, Alquiler Seguro ha anunciado su intención de recurrir la sanción a través de un recurso contencioso administrativo ante los tribunales. Fuentes de la empresa han calificado esta decisión como «injusta y arbitraria», argumentando que todos los servicios ofrecidos son legales y que cuentan con cuatro sentencias judiciales que les darían la razón sobre los mismos puntos que ahora han sido objeto de sanción por parte del Ministerio.
Entre las conductas sancionadas, se destaca la imposición a los inquilinos de contratar un servicio de atención, lo que se interpreta como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos. Esta práctica obligaba a los arrendatarios a asumir costos que legalmente deberían ser cubiertos por el propietario.
La inmobiliaria también ha sido penalizada por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de hogar en beneficio del arrendador y por imponer cargos por reclamaciones de deudas, incluso cuando no había causa imputable al propio arrendatario. Asimismo, se sancionó a Alquiler Seguro por la inclusión de una cláusula en sus contratos que permitía incluir a los inquilinos en ficheros de morosos en caso de impago, independientemente de la causa del mismo.
En total, la multa asciende a 3,6 millones de euros, desglosada en varias infracciones, con sanciones que oscilan entre un millón de euros y 10.001 euros por la infracción grave. Además de la sanción económica, Alquiler Seguro deberá corregir todos los incumplimientos detectados y hacer pública la multa, incluyendo la razón social de la empresa y la naturaleza de las infracciones.
La Ley de Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización de contratos, estableciendo que estas prácticas constituyen infracciones graves y muy graves, como ha sucedido en el caso de Alquiler Seguro. Esta legislación busca equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos, evitando abusos por parte de las inmobiliarias.
Alquiler Seguro es una de las principales inmobiliarias en España, especializada en la gestión de alquileres. Su modelo de negocio ha sido cuestionado por organizaciones de consumidores que denuncian la imposición de cláusulas abusivas y la traslación de costes que deberían asumir los propietarios.
A pesar de haber agotado la vía administrativa, Alquiler Seguro tiene derecho a recurrir la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este proceso judicial podría prolongarse durante un período significativo, mientras los tribunales analizan la proporcionalidad de la sanción impuesta.
Los inquilinos afectados por las prácticas abusivas pueden reclamar la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. La confirmación de la sanción refuerza la posición legal de estos consumidores para exigir la restitución de los importes pagados por gestión inmobiliaria y otros cargos improcedentes.
