Más de 1.600 consultas relacionadas con problemas de vivienda llegaron al Defensor del Pueblo Andaluz en 2025, lo que representa el 10% del total atendido en la comunidad. Según el informe anual presentado por Jesús Maetzu, responsable del organismo, estas quejas evidencian la creciente preocupación ciudadana ante la proliferación de pisos turísticos sin autorización que alteran la convivencia vecinal.
El informe destaca que las molestias físicas provocadas por estos alojamientos, como el ruido o la suciedad, se acompañan de un sentimiento generalizado de impotencia entre los vecinos. Estos últimos denuncian repetidamente la situación ante la Administración sin obtener respuesta ni conocer las medidas adoptadas para resolver el problema.
En un contexto donde Andalucía cuenta con más de 96.000 viviendas turísticas registradas, un incremento cercano al 9% respecto al año anterior, el Defensor señala que la falta de regulación efectiva favorece la expansión de este modelo de alquiler. Esta tendencia, especialmente presente en zonas costeras, impulsa a los propietarios a optar por el alquiler vacacional, más rentable que el arrendamiento tradicional.
Maetzu critica que esta dinámica genera una «avaricia patrimonial» que desplaza a los residentes habituales durante los meses de verano, forzándolos a buscar alternativas temporales. Además, el informe de Comisiones Obreras señala que los andaluces destinan cerca del 40% de sus ingresos a la vivienda, ya sea en alquiler o hipoteca, lo que agrava la dificultad para acceder a un hogar estable.
Impacto social y demoras en ayudas habitacionales
El Defensor del Pueblo advierte que la inestabilidad en el acceso a la vivienda afecta especialmente a los menores, con consecuencias negativas en su escolarización y arraigo social. Asimismo, alerta sobre una sustitución progresiva de la población histórica de los barrios debido al encarecimiento y la presión del mercado inmobiliario, lo que provoca un desplazamiento de familias jóvenes y de clase media.
El informe también refleja casos extremos de parejas con ingresos medios que se ven obligadas a ocupar viviendas sin título legal para garantizar un techo a sus hijos. La Fundación FOESSA aporta datos preocupantes, indicando que casi un cuarto de la población andaluza enfrenta exclusión social, y un 10% sufre exclusión severa.
Por otro lado, las ayudas al alquiler joven y a personas vulnerables acumulan retrasos de hasta tres años para ser resueltas y abonadas, según detectó el organismo. Maetzu subraya que estas demoras administrativas son un denominador común en las quejas ciudadanas y resultan especialmente graves en materia de vivienda, ya que afectan directamente a otros derechos fundamentales.
Finalmente, el Defensor del Pueblo instó a adoptar medidas urgentes para contener la subida de los precios del alquiler y reclamó que la vivienda sea considerada un derecho subjetivo exigible, más allá de su valor mercantil. Aunque este tema se debate constantemente en el Congreso de los Diputados, aún no se ha encontrado una solución que responda a las preocupaciones de los andaluces.
