La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha demandado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un incremento en la financiación y la implementación de más dispositivos de seguridad para las víctimas de violencia de género en todos los municipios de la región. Esta exigencia fue realizada el pasado 9 de enero de 2024, antes de que Dávila asistiera a la función especial del espectáculo ‘Circlassica’, destinado a personas con discapacidad intelectual.
La consejera hizo hincapié en la carta que Martín envió a los alcaldes de 34 localidades de la Comunidad, en la que les insta a adherirse al Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). En dicha misiva, el delegado anima a los alcaldes a «valorar» la posibilidad de unirse a esta herramienta, que considera «esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas».
Críticas por falta de acción
Dávila no dudó en criticar la falta de respuesta por parte del Gobierno central, afirmando: «Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitando un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido ninguna respuesta». Esta declaración pone de manifiesto la frustración de la consejera ante la inacción del Gobierno en un tema tan crítico.
Asimismo, Dávila subrayó la necesidad de aumentar la financiación destinada a Madrid, argumentando que «es la que menos recibe por número de víctimas». La situación es aún más alarmante si se considera el «escándalo de las pulseras antimaltrato», que, según la consejera, todavía no tienen una solución clara para las mujeres que se han visto desprotegidas debido a la falta de respuesta del Ejecutivo.
Un llamado a la colaboración
La consejera destacó que, a pesar de que Madrid cuenta con la mayor red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y con recursos especializados, es imprescindible que el Gobierno de España actúe. «Que ponga solución a las pulseras antimaltrato, que incremente esos dispositivos de seguridad y que resuelva la financiación en la que la Comunidad de Madrid sale perjudicada como siempre», concluyó Dávila, dejando claro que la colaboración y la acción son fundamentales para abordar este grave problema social.
