El Pleno de la Asamblea de Melilla ha dado un paso significativo hacia el desarrollo universitario al aprobar por mayoría absoluta un contrato para la construcción de una nueva residencia de estudiantes. Esta infraestructura se erigirá en el antiguo edificio de la jefatura de Policía Local, que actualmente se encuentra en proceso de demolición.
El consejero de Fomento, Miguel Marín, ha destacado que este proyecto representa una gran oportunidad para el crecimiento educativo de Melilla, con una inversión que superará los 12,7 millones de euros. Es importante señalar que esta inversión será asumida «a riesgo y ventura del adjudicatario», lo que significa que el Gobierno local no cubrirá los costes de construcción ni de explotación del terreno.
La futura residencia dispondrá de un área construida de 7.000 metros cuadrados, más 400 metros cuadrados bajo rasante, incluyendo un aparcamiento público de 1.000 metros cuadrados. Contará con 225 plazas, distribuidas en 135 habitaciones individuales, 18 dobles y 18 triples. Además, la instalación ofrecerá una variedad de servicios, como comedor, zonas de estudio, biblioteca y gimnasio, así como conectividad a internet de alta velocidad.
A pesar de las expectativas positivas, el proyecto ha generado críticas entre algunos partidos, como el PSOE, CPM y Somos Melilla. Estos grupos han expresado su preocupación sobre el coste oculto que podría asumir el Ejecutivo regional, argumentando que se requerirá una inversión inicial de tres millones de euros para la construcción del aparcamiento. Rachid Bussian, diputado de CPM, utilizó una metáfora futbolística para señalar que el proyecto favorece al adjudicatario, mientras que los melillenses podrían ser los perjudicados.
El portavoz del PSOE, Riduan Moh, ha calificado el proyecto como un «pelotazo», señalando que el acuerdo con la empresa concesionaria podría llevar a la pérdida de control sobre los terrenos durante más de 40 años. También se ha cuestionado la ubicación de la residencia, que se encuentra alejada del Campus Universitario de la UGR, lo que podría complicar la conectividad urbana.
En contraste, el diputado de Vox, José Miguel Tasende, ha respaldado el proyecto, considerándolo beneficioso, y ha instado a garantizar un control adecuado sobre la concesión. En su intervención, Miguel Marín reiteró que la construcción no supondrá un coste para los ciudadanos de Melilla y que la concesión de los terrenos se extenderá por 40 años.
