El desarrollo de la educación pública en Castrillón quedó gravemente afectado por la apropiación indebida de recursos municipales por parte del Estado durante los siglos XIX y principios del XX. Desde la instauración del Ayuntamiento democrático en 1979, la enseñanza pública se consideró un servicio esencial para las clases populares, pero esta visión contrastaba con la tradición anterior en la que los gobiernos locales evitaban asumir responsabilidades educativas.
Durante el Antiguo Régimen, las élites locales delegaban la educación de sus hijos a preceptores privados, mientras que la instrucción pública no recibía atención ni financiación adecuada. Esta situación comenzó a cambiar gracias a la influencia de Melchor Gaspar de Jovellanos, quien defendió la instrucción como base de la prosperidad social. En 1811, Jovellanos presentó a las Cortes de Cádiz un plan para multiplicar las escuelas de primeras letras, que deberían ser gestionadas por los ayuntamientos según la Constitución de 1812.
Sin embargo, esta responsabilidad municipal no venía acompañada de los recursos necesarios. La Constitución eximía al Estado de obligaciones económicas directas sobre las escuelas y daba a las Cortes el monopolio en la creación de impuestos municipales, lo que limitó severamente la autonomía financiera local. Castrillón, como muchos otros municipios, se encontró con la obligación de financiar un servicio fundamental sin contar con ingresos suficientes.
El Ayuntamiento de Castrillón enfrentó graves dificultades económicas que afectaron la continuidad del servicio educativo. Por ejemplo, en 1826 no pudo pagar años atrasados al maestro de primeras letras Mariano Ayuela, quien fue desestimado por el pleno municipal al reclamar su salario. Su sucesor, José Ramón Álvarez, también sufrió impagos que alcanzaron una deuda equivalente a más del 70% del presupuesto municipal para personal. Estos problemas se agudizaron porque el Ayuntamiento estaba obligado a financiar a los Voluntarios Realistas, una fuerza paramilitar absolutista, lo que drenaba los recursos disponibles para otros servicios.
En 1833, el alcalde José García San Miguel informó que las deudas con funcionarios superaban tres veces los ingresos anuales del Ayuntamiento, evidenciando la grave crisis financiera. Más allá de la educación, las autoridades locales tuvieron que asumir también el coste del mantenimiento del culto y del clero, una carga impuesta por leyes estatales que trasladaban responsabilidades sin dotar de recursos. En Castrillón, esta contribución era desproporcionada respecto a los ingresos municipales, limitando aún más la capacidad para invertir en escuelas.
La falta de autonomía económica y la transferencia de obligaciones estatales a los ayuntamientos supusieron un auténtico saqueo de los recursos locales, que impidió que Castrillón desarrollara adecuadamente su red de escuelas públicas hasta mediados del siglo XIX. Solo a partir de 1847 comenzó a poner en marcha varias escuelas municipales, pero este retraso fue consecuencia directa de las restricciones financieras y de la presión estatal sobre las arcas municipales.
Este pasado revela las dificultades que enfrentaron las instituciones locales para garantizar la educación pública y cómo la lucha por dotar de recursos propios a los ayuntamientos es clave para entender la evolución de la enseñanza en España. La experiencia de Castrillón, documentada en investigaciones históricas, pone de relieve la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con autonomía financiera para prestar servicios esenciales a sus ciudadanos.
