El Gobierno continúa transmitiendo un mensaje optimista sobre la economía española, pero los datos oficiales del primer trimestre pintan una realidad muy distinta. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el paro ha aumentado en 231.500 personas, elevando la cifra total de desempleados a 2,7 millones y haciendo que la tasa de desempleo vuelva a superar el 10%, situándose concretamente en el 10,83%. Este es el peor inicio de año registrado desde 2013.
La caída del empleo afectó principalmente al sector privado, que perdió 191.400 puestos de trabajo, mientras que el empleo público fue el único que experimentó un ligero incremento. Además, se redujo el número de trabajadores a tiempo completo y aumentó la cantidad de hogares en los que todos sus miembros están en paro, una señal preocupante del deterioro social que subyace tras las cifras.
La desaceleración económica queda también reflejada en el dato de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el primer trimestre, que se mostró ralentizado. El consumo y la inversión han dado claras señales de enfriamiento, y el sector exterior ha perdido dinamismo. En este contexto, el PIB per cápita permanece estancado, incluso siendo superado por países como Taiwán.
Desde Bruselas, las advertencias son cada vez más claras. La Comisión Europea ha señalado problemas estructurales que el relato oficial del Gobierno no puede ocultar: pobreza infantil, dificultad creciente para acceder a una vivienda digna, aumento de la desigualdad y presión inflacionista persistente. En abril, el índice de precios al consumo (IPC) registró una subida del 3,5%, cifra superior al 3,2% que había adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En paralelo, el salario más frecuente en España se acerca peligrosamente al salario mínimo, mientras que los impuestos elevados reducen la capacidad de gasto de los hogares, que no ven reflejadas mejoras en los servicios públicos. La gestión presupuestaria tampoco ha adaptado sus parámetros al nuevo escenario económico, manteniendo criterios de 2022 en un entorno que ha cambiado significativamente, no solo por los conflictos internacionales en curso.
La situación se complica aún más con la llegada masiva de inmigrantes, que según el INE sumaron 2,3 millones en 2023 y 2024, y cuya futura regularización incrementará la presión sobre los servicios públicos, generando una sensación generalizada de caos y alarma social.
Por último, el sector empresarial tampoco atraviesa un buen momento. A pesar de la retórica sindical y de la izquierda más radical, alrededor del 40% de las empresas españolas están en pérdidas o no obtienen beneficios debido a los crecientes costes regulatorios, laborales y energéticos. En especial, la falta de respuesta gubernamental ante la saturación de la red eléctrica está causando la pérdida de inversiones millonarias y miles de empleos.
En definitiva, la economía española navega con dificultades evidentes y un liderazgo político centrado más en la continuidad en el poder que en afrontar los desafíos reales. El llamado «cohete» económico del presidente Sánchez parece estar perdiendo impulso y dirigiéndose hacia un aterrizaje forzoso.
