La tensión en el sector lácteo español ha alcanzado un punto crítico debido a la reciente caída del precio de la leche, que ha bajado un 15%. Este conflicto enfrenta a productores y a la industria, mientras el Gobierno intenta mediar en la situación. La renovación de contratos para 2026 se ha convertido en un campo de batalla, caracterizado por acusaciones de prácticas abusivas y una notable reducción en los precios.
Tras cerrar 2025 con precios de aproximadamente 0,53 euros por litro, las nuevas ofertas contractuales están recortando entre 6 y 10 céntimos, llevando los precios a un rango de 0,38 a 0,47 euros. «Los contratos se han firmado con rebajas de entre 6 y 9 céntimos por litro», señala Francisco Fernández, presidente de Agaprol. Esta situación ha causado una caída equivalente al 15%, según David Alonso, responsable del sector lácteo en Unión de Uniones.
Las regiones más afectadas incluyen Galicia, que representa el 42% de la producción nacional, y Castilla y León, donde las organizaciones agrarias advierten que muchas explotaciones podrían desaparecer si persisten estas condiciones. En Navarra, los productores han denunciado imposiciones contractuales injustificadas. En Catalunya, un grupo de ganaderos de Unió de Pagesos protestó arrojando leche frente a una planta de procesamiento para expresar su desacuerdo con las rebajas de precios propuestas.
El sector destaca que esta caída de precios se produce en un contexto en el que los costes de producción han aumentado. Los precios reales se sitúan entre 55 y 60 céntimos por litro, lo que genera pérdidas de hasta 18 céntimos por litro. «Se nos está aplastando y obligando a trabajar a pérdidas», denuncia Charo Arredondo, responsable del área láctea de COAG. Además, Ramón Artime, presidente del sector de vacuno de leche de ASAJA, subraya que «la industria impone y no negocia».
Algunas organizaciones han ido más allá al acusar a las industrias lácteas de formar un nuevo cártel. Roberto García, secretario general de Uniones Agrarias, ha trasladado estas sospechas a los organismos de competencia, abriendo la posibilidad de una investigación.
Desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), su director general, Luis Calabozo, argumenta que la reducción de precios responde a la evolución del mercado europeo, señalando que España no podía mantener precios más altos que la media comunitaria. La industria también hace hincapié en la caída de precios en la Unión Europea, que ha sido de hasta un 19% interanual.
En medio de este conflicto, el Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de Luis Planas, ha intentado actuar como mediador. Sin embargo, las reuniones entre las organizaciones del sector no han dado resultados significativos. «Ha sido una reunión totalmente improductiva», lamentó José Ramón González, responsable de ganadería de UPA. Las organizaciones agrarias están pidiendo una acción más decidida y la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar contratos por debajo de los costes.
Este conflicto se presenta en un sector que ya muestra signos de retroceso, con una cifra de 8.661 explotaciones de vacuno de leche en España y un ritmo de desaparición de dos al día. La tensión aumenta en las regiones productoras y las protestas comienzan a extenderse, sin que se vislumbre una solución cercana.
