El Gobierno de España ha iniciado esta semana un proceso de consulta pública para un nuevo proyecto de real decreto que tiene como objetivo proteger el salario mínimo interprofesional (SMI) y adecuarlo a una directiva europea que debería haberse implementado en 2024. La propuesta contempla que el SMI sea, al menos, el 60% del salario medio neto del país.
Este plan del Ministerio de Trabajo y Economía Social incluye la creación de una Comisión Asesora que determinará anualmente el aumento del SMI. Este grupo estará compuesto por miembros del Gobierno, expertos, representantes de sindicatos y empresarios, y su misión será garantizar que el SMI se ajuste a los estándares propuestos.
Entre los cambios que se plantean se incluye la revisión del SMI de manera anual, con la posibilidad de revaluarlo cada seis meses si la inflación supera las expectativas. Además, se asegura que el SMI se pague exclusivamente en efectivo, excluyendo conceptos como alimentación o alojamiento de su cálculo.
Otro aspecto importante del proyecto es que los contratos temporales de menos de 120 días también recibirán la parte proporcional correspondiente al SMI, incluyendo pagas extras, festivos y vacaciones. Asimismo, las empresas no podrán considerar complementos como pluses de nocturnidad o peligrosidad para justificar que un trabajador percibe el SMI.
El Gobierno también busca fomentar la transparencia en las negociaciones salariales, exigiendo a las empresas que proporcionen información económica real a los representantes de los trabajadores. Además, se establecerá un seguimiento del porcentaje de trabajadores bajo convenios colectivos, y si este cae por debajo del 80%, se deberá implementar un plan de acción.
Esta normativa se enmarca dentro de una directiva europea de 2022, que tenía como fecha límite de transposición noviembre de 2024. Aunque España aún no ha sido sancionada por la Comisión Europea por no cumplir con este plazo, el Ministerio de Trabajo ya está trabajando para alcanzar el objetivo de que el SMI represente el 60% del salario medio neto, en consonancia con lo estipulado por el Comité Europeo de Derechos Sociales y la Carta Social Europea.
El proyecto de decreto estará disponible para la audiencia pública hasta el próximo 20 de marzo. Una vez que sea aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados.
