La Comisión Europea ha lanzado una advertencia a España respecto a la reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir al 10% el IVA de los combustibles fósiles. Esta medida, considerada temporal para aliviar el impacto de la escalada de precios generada por la guerra en Irán, no se ajusta a la normativa europea.
La comunicación de Bruselas, recibida por el Ejecutivo español hace unas semanas, surgió tras la aprobación de un paquete de medidas que busca mitigar el encarecimiento de los carburantes. El plan, presentado a finales de marzo, incluye un total de 80 acciones y tiene un coste estimado de unos 5.000 millones de euros hasta junio.
Entre las propuestas, destaca la reducción del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, que supondría un coste para el Estado de 507 millones de euros. Este aspecto ha despertado la atención de la Unión Europea, que ha manifestado que la directiva comunitaria no permite un tipo reducido para estos suministros.
A pesar de la crítica de Bruselas, el Ministerio de Hacienda defiende la medida, subrayando su carácter temporal y no estructural. Además, indican que mantienen un diálogo constructivo con la Comisión.
Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno es limitado. La opción sugerida por Bruselas, que implica actuar sobre los impuestos especiales que gravan los combustibles, ya ha sido considerada por el Ejecutivo. En su paquete de medidas, Hacienda llevó a cabo una reducción del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la UE, abarcando productos como el gasóleo y la gasolina sin plomo, entre otros.
La Comisión Europea ha expresado su comprensión por la necesidad de apoyar a los ciudadanos en momentos difíciles, pero reafirma que no es viable la reducción del IVA, siendo este un aspecto no contemplado en la normativa comunitaria. En cambio, resaltan que es posible ajustar los impuestos especiales sobre los combustibles.
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