Ángel Simón ha presidido este martes su primera reunión ordinaria del consejo de administración de Indra tras su reciente nombramiento como presidente no ejecutivo. Su designación, que tuvo lugar en la madrugada del Jueves Santo, sustituyó a Ángel Escribano y marca el inicio de una nueva etapa en una compañía que el Gobierno español considera estratégica para el fortalecimiento de la defensa nacional y europea.
Desde su nombramiento, Simón ha mantenido contacto directo con la alta dirección de Indra, especialmente con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, con quien ha establecido un canal de interlocución prioritario. Aunque su función formal no es ejecutiva, el encargo que recibe es claro: consolidar el gobierno corporativo, reequilibrar la representación accionarial y evitar que la empresa vuelva a verse envuelta en conflictos internos de poder.
La salida de Escribano puso fin a una crisis que en Moncloa se interpretó como una pérdida de control sobre Indra. El empresario madrileño dejó el cargo tras semanas de discrepancias con el Ejecutivo, motivadas por la percepción de que defendía una agenda propia, desvinculada de los intereses del principal accionista, la SEPI, que posee cerca del 28% del capital. La tensión se intensificó en torno a la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar de los hermanos Escribano.
Uno de los primeros movimientos de Simón ha sido retrasar la actualización del plan estratégico «Leading the Future», que inicialmente se esperaba antes de la junta de accionistas de junio, para posponerla hasta después del verano. Esta decisión busca enfriar el calendario y reajustar prioridades antes de comprometer a los inversores con una nueva hoja de ruta. El plan vigente posiciona a Indra como coordinadora del ecosistema español de defensa y aeroespacio, con metas ambiciosas de crecimiento hasta 2030, pero el escenario actual obliga a revisar su encaje industrial, financiero y de gobernanza con un enfoque aún más ambicioso tras la fuerte revalorización en bolsa que ha experimentado en los últimos meses.
Reconfiguración del consejo de administración y desafíos accionariales
Otro asunto prioritario para Simón es la reestructuración del consejo de administración, que actualmente cuenta con 15 miembros, de los cuales siete son independientes. La salida de Escribano ha cambiado el tablero accionarial. EM&E, con el 14,3% del capital, mantiene un solo asiento en la persona de Javier Escribano y tiene derecho a reclamar otro. Por su parte, el fondo Amber, presidido por Joseph Oughourlian, ha reducido su participación al 5%, lo que podría implicar la pérdida de la representación de Pablo Jiménez de Parga en el consejo.
La SEPI podría solicitar un cuarto representante para reforzar su influencia y evitar la situación vivida en Semana Santa, cuando los consejeros independientes resistieron el nombramiento de Simón como una imposición externa. La ampliación del consejo hasta 16 miembros, el máximo recomendado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se plantea como una fórmula para ajustar la representación conforme a las posiciones accionarias y la vinculación estratégica de cada socio.
En este contexto, Simón debe equilibrar el fortalecimiento de la SEPI sin romper la mayoría de independientes, atender el derecho de EM&E y evaluar el papel de Amber y Sapa Placencia. La cuestión central sigue siendo qué hacer con EM&E, cuya integración está condicionada a que los hermanos Escribano reduzcan su peso en Indra. El Gobierno sostiene que pueden continuar como accionistas relevantes, pero no en una posición que limite a la SEPI. Se espera que EM&E venda al menos la mitad de su participación, situándose en un rango cercano al 7%-8%, similar al de Sapa Placencia.
La operación prevista contempla una estructura mixta, puesto que Indra no puede aumentar significativamente su endeudamiento para adquirir EM&E en efectivo. Por ello, Moncloa trabaja en una combinación de capital y acciones que permita a los Escribano mantenerse vinculados al proyecto como socios minoritarios, con una participación final inferior al 10%-12% tras la absorción.
La valoración de EM&E es un punto delicado, con discrepancias entre los 2.300 millones que reclaman los hermanos y los 1.500 millones que maneja la SEPI. Además, la complejidad aumenta porque las acciones de EM&E están pignoradas como garantía de un préstamo otorgado por JP Morgan, entidad que también asesora a los Escribano en la búsqueda de compradores parciales para su participación.
El consejo de este martes no tiene la obligación de resolver todas estas cuestiones, pero sí sentará las bases para la nueva etapa. Simón asume su cargo con el mandato de pacificar la compañía y devolver a Indra una gobernanza alineada tanto con su accionariado como con el papel estratégico que el Ejecutivo desea para la empresa en el ámbito de la defensa española.
