Air Europa distribuyó bonus millonarios entre sus altos directivos poco después de recibir el rescate público de 475 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en noviembre de 2020.
La aerolínea, que atravesó una situación crítica durante la pandemia y estuvo al borde de la disolución, logró reducir sus costes laborales en más de 230 millones de euros gracias a la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectaron al 97,5% de su plantilla en marzo de 2020, cuando se declaró el estado de alarma. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger el empleo durante la crisis sanitaria, se extendió en los años siguientes, afectando al 12,5% de los trabajadores en 2021 y al 44% en 2022.
Además, entre abril y septiembre de 2022, la empresa aplicó un segundo ERTE por causas organizativas y productivas que impactó a tripulantes, técnicos y personal de tierra, lo que permitió un ahorro adicional cercano a los 40 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, cantidad que la compañía consideró como subvención en sus cuentas.
En contraste con esta reducción masiva de costes laborales, la dirección de Globalia aprobó la entrega de remuneraciones extraordinarias vinculadas al denominado proyecto AQUA, diseñado para asegurar los 475 millones de euros del rescate. En concreto, el secretario del consejo, Ramiro Campos, y el director financiero, Miguel Ángel Sánchez, recibieron 900.000 euros cada uno, mientras que Richard Clark, entonces director de operaciones y actual consejero delegado, percibió 200.000 euros.
Durante ese ejercicio, en el que Globalia registró pérdidas próximas a los 400 millones de euros, la remuneración global de su cúpula alcanzó los 7,2 millones, cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2019, el mejor año en ingresos del grupo. Estas retribuciones se aprobaron días después de que la empresa recibiera los fondos públicos, a pesar de que las condiciones del rescate limitaban los pagos extraordinarios.
La entrada de Turkish Airlines en el accionariado, tras adquirir un 26% de Air Europa en noviembre, ha permitido a la aerolínea devolver al Estado los 475 millones de euros del rescate junto con 97 millones en intereses acumulados durante cinco años. Esta operación simboliza el fin de una etapa complicada y el inicio de otra con capital extranjero.
Paralelamente, Air Europa mantiene un conflicto con el Ministerio de Transportes, ya que reclama el pago de aproximadamente 75 millones de euros por subvenciones adelantadas para garantizar vuelos entre la península y regiones como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La compañía intentó compensar esta deuda en las negociaciones para la devolución del rescate, pero la SEPI rechazó esta opción al considerar que son obligaciones de organismos distintos.
El caso de Air Europa ejemplifica el impacto de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia: mientras el Estado asumía costes para preservar el empleo, la aerolínea reducía drásticamente sus gastos laborales y aseguraba su supervivencia con ayuda pública, a la vez que mantenía elevados niveles salariales en su alta dirección.
