El caso del incendio en el edificio de Campanar, que resultó en la pérdida de varias vidas en febrero de 2024, podría tomar un nuevo rumbo. A pesar de que el juzgado había decidido archivar la causa al no encontrar delitos asociados al origen del fuego, los familiares de las víctimas han solicitado la reapertura del caso al presentar nuevos indicios a través de un informe pericial.
En una solicitud dirigida al Tribunal de Instancia de Valencia, los representantes de los afectados recordaron que el auto de sobreseimiento dejaba abierta la posibilidad de reactivar la investigación si surgían nuevos elementos. Con base en esta premisa, los familiares han continuado su propia investigación y afirman haber encontrado datos significativos.
El enfoque principal de la solicitud se centra en el comportamiento del material de la fachada del edificio. Los demandantes argumentan que «no es posible que el revestimiento de fachada cumpliera la normativa de aplicación cuando este se comportó como gasolina sólida», lo cual contradice lo que se esperaría de un sistema constructivo diseñado bajo estándares de seguridad contra incendios.
La petición se apoya en un informe elaborado por una especialista en seguridad contra incendios, el cual, según el documento presentado, revela importantes deficiencias en la investigación llevada a cabo hasta el momento. De hecho, los solicitantes subrayan que en el proceso «no existe ningún informe pericial realizado por especialistas en seguridad contra incendios», lo cual pone en duda las conclusiones que llevaron al archivo del caso.
Entre los aspectos señalados en el dictamen, se destacan posibles incumplimientos normativos en los materiales utilizados en la fachada, así como discrepancias técnicas que no fueron aclaradas durante la instrucción. Los recurrentes subrayan que «no está acreditada que la reacción al fuego del material empleado satisficiera la normativa de aplicación», y mencionan diferencias en el espesor de los paneles que podrían haber influido en la propagación del fuego.
Con base en estas conclusiones, las familias solicitan la realización de nuevas diligencias, que incluyen la declaración de la perito autora del informe, la obtención de certificados técnicos y la realización de ensayos adicionales sobre los materiales usados en el edificio. Además, justifican el tiempo transcurrido desde el archivo de la causa, argumentando que recabar pruebas es complejo en un contexto de alta vulnerabilidad emocional.
Los familiares explican que «el encargo de dicho informe pericial no es una cuestión fácil de gestionar cuando los familiares están en una situación de vulnerabilidad emocional». La solicitud también invoca la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece la necesidad de agotar las líneas de investigación en casos con resultado de muerte, defendiendo que las nuevas diligencias pueden llevar a la determinación de responsabilidades penales.
Por estas razones, los solicitantes piden que el juzgado anule el archivo del caso y continúe con la investigación, argumentando que las nuevas evidencias presentadas justifican plenamente la reapertura del procedimiento.
