El precio del alquiler ha experimentado una disminución notable en cinco de los siete grandes municipios de Galicia, a pesar de las afirmaciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En su intervención en el programa La Hora de la 1, Bustinduy aseguró que la ley de vivienda había permitido congelar los precios en A Coruña, mientras que, según él, en el resto de las ciudades gallegas continuaban incrementándose. Sin embargo, esta afirmación es engañosa.
Los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia (OVG), dependiente de la Xunta, muestran que, aunque el alquiler en A Coruña ha bajado un 9,9% entre julio y diciembre de 2025 —pasando de 761 euros a 686 euros—, también se ha registrado una reducción en otros cuatro municipios. En concreto, Ferrol ha visto una disminución del 9,4%, Vigo del 5,7%, Lugo del 2,2% y Pontevedra del 1,6%.
Contraste de datos en Galicia
Sin embargo, no todos los municipios gallegos han seguido esta tendencia a la baja. Por el contrario, Santiago ha experimentado un incremento del 3,3% en el precio del alquiler, mientras que Ourense ha visto un ligero aumento del 0,3%. Este panorama sugiere que, aunque la ley de vivienda ha tenido un efecto positivo en varias ciudades, no se puede afirmar que todos los municipios gallegos hayan sufrido un aumento en los precios.
Desde Newtral.es hemos intentado contactar con el equipo de prensa de Bustinduy para aclarar sus declaraciones, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Este silencio deja en el aire la pregunta sobre la veracidad de sus afirmaciones y la efectividad de la ley de vivienda en el conjunto de Galicia.
La ley, que entró en vigor a finales de julio de 2025, ha permitido a A Coruña ser declarada zona tensionada, lo que le ha otorgado la capacidad de regular y limitar los precios de los alquileres. Esta regulación es fundamental en un contexto donde la accesibilidad a la vivienda se ha convertido en un tema candente en el debate político y social.
Implicaciones para el futuro
La discrepancia entre las afirmaciones del ministro y los datos del OVG plantea interrogantes sobre el impacto real de la normativa. Con la creciente preocupación por la vivienda, es crucial que los datos sean transparentes y que la información proporcionada por los funcionarios públicos sea veraz y verificable. La situación actual exige un análisis riguroso y un seguimiento continuo para garantizar que las políticas implementadas cumplan su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda en Galicia.
