El gestor ferroviario Adif ha afirmado que no existe evidencia concluyente que confirme que la rotura en la vía se produjo antes del grave accidente ferroviario en Adamuz, ocurrido el 18 de enero. Esta declaración ha surgido en medio de un choque técnico entre Adif y la Guardia Civil, que está llevando a cabo la investigación judicial.
El origen del desacuerdo radica en una caída de tensión registrada en la vía, casi 22 horas antes del siniestro. La Guardia Civil considera que este dato podría indicar que la rotura del carril había ocurrido con suficiente antelación para ser detectada. En contraste, Adif rechaza esta interpretación. Su presidente, Pedro Marco de la Peña, ha sostenido que dicha conclusión proviene de una lectura «incorrecta» de cómo operan los sistemas ferroviarios.
Marco de la Peña explicó que «los circuitos de vía no son un método fiable para detectar una rotura de carril», subrayando que su función principal es la localización de trenes y no el diagnóstico de fallos estructurales. Esta discrepancia es significativa, ya que la Guardia Civil sostiene que la variación eléctrica sostenida debió haber generado algún tipo de alerta, aunque no superara el umbral de alarma.
El informe de la Guardia Civil destaca que la fluctuación de voltaje fue anómala y prolongada en comparación con días anteriores. Por lo tanto, se plantea la necesidad de investigar si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta ante tales irregularidades, dado el impacto del incidente. Sin embargo, Marco de la Peña insiste en que «no hay debate en este sentido», apelando a un consenso en el sector ferroviario sobre la función de los circuitos de vía.
Adif también señala que múltiples factores pueden causar una caída de tensión, desde condiciones ambientales hasta elementos externos en la vía, y recalca que «de la caída de tensión no se puede determinar la rotura del carril». Este debate se complica aún más con la posición del fabricante del sistema, Hitachi, que ha expresado verbalmente que el informe policial no refleja correctamente su declaración, lo cual genera dudas sobre la interpretación técnica de los datos.
Además, Adif ha indicado que aún no se han analizado pruebas determinantes, como las cajas negras de los trenes implicados y los estudios de laboratorio sobre carriles y soldaduras, lo que podría afectar las conclusiones de la investigación. Para Adif, avanzar sin estos elementos significaría basarse en «conjeturas».
Más allá del debate técnico, el trasfondo del conflicto sugiere una posible atribución de responsabilidades. La hipótesis de una rotura previa del carril podría cuestionar los protocolos de mantenimiento, algo que Adif niega, defendiendo que no ha habido problemas en este ámbito. También se recordó que, tras el accidente, se acordó aumentar la inversión en mantenimiento ferroviario y reforzar las plantillas, en respuesta a la presión social y laboral generada por el siniestro.
