La ministra Ana Redondo entregó el pasado lunes la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a Dolores Vázquez, en un acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Vázquez, de 73 años, fue víctima hace más de dos décadas de uno de los fallos judiciales más graves que se recuerdan en España, tras sufrir un durísimo linchamiento mediático.
En 1999, fue condenada por un jurado popular a 15 años y un día de prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años desaparecida cerca de Mijas y hallada apuñalada y calcinada. Rocío era hija de la expareja de Vázquez, Alicia Hornos. Dolores pasó 17 meses en prisión antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara repetir el juicio, al detectar que la condena carecía de pruebas sólidas y no se aportaron evidencias concluyentes en su contra.
Finalmente, en 2003, nuevas pistas relacionadas con otro crimen —la muerte violenta de una chica de 17 años llamada Sonia Carabantes— permitieron vincular ambos casos y señalar al verdadero culpable: el ciudadano británico Tony King. Tras ser plenamente exonerada, Dolores Vázquez decidió trasladarse a Inglaterra para alejarse del acoso social y años después retornó a su Galicia natal, donde actualmente reside.
En su intervención durante la entrega de la medalla, Vázquez afirmó: «He perdonado, he aprendido a vivir y a querer». Este homenaje sirvió para recordar una etapa oscura de nuestro país, marcada por la manipulación mediática y la injusticia. En aquel momento, los medios, especialmente la televisión, construyeron una imagen falsa de Vázquez como una mujer fría y agresiva, basándose en su orientación sexual y apariencia, sin pruebas reales que lo sostuvieran.
El proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo testimonios poco rigurosos como los de una vidente o de una psicóloga que la describió como «homosexual reprimida» y maltratadora. El fiscal llegó a referirse a ella con un estereotipo ofensivo y planteó preguntas sobre su vida íntima. La acusación se sustentó en prejuicios y no en indicios concretos, ya que no se encontraron huellas dactilares ni restos biológicos que la involucraran, ni un móvil convincente más allá de su supuesta mala relación con la víctima.
Cuando en el Congreso se cuestionó la investigación de la Guardia Civil, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, defendió la actuación basándose en el «perfil delincuencial» que se le atribuyó a Vázquez, sin mencionar que el verdadero asesino había sido identificado y era buscado en Reino Unido por múltiples delitos graves.
Aunque la medalla reconoce la defensa de los valores de igualdad, Dolores Vázquez nunca ha recibido una disculpa formal por parte del Estado, que dañó su reputación y cambió su vida para siempre. El Gobierno le ofreció una indemnización económica que ella rechazó por considerarla insuficiente. Actualmente sobrevive con una pensión mínima, ya que no pudo cotizar durante los años en prisión. Mientras tanto, quienes fueron responsables del daño disfrutan de sus jubilaciones completas.
