La propuesta de adhesión al convenio que permitirá al Ayuntamiento de Alicante asumir la potestad de incoar, tramitar y resolver infracciones en materia de viviendas de uso turístico (VUT) ha recibido un fuerte respaldo este viernes por parte de la mayoría de los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo, a pocas semanas del Pleno de enero. En esta ocasión, concejales del PP, PSOE y Vox han votado a favor, mientras que los representantes de Compromís y EU han decidido abstenerse.
El vicealcalde, Manuel Villar, expresó su satisfacción por el amplio consenso alcanzado en una propuesta que considera vital para optimizar el control de las infracciones en el ámbito de la vivienda turística. Villar añadió que esta medida tiene como objetivo finalizar con la actividad ilegal en la ciudad. Si los votos obtenidos en la Comisión de Urbanismo se trasladan al Pleno, la propuesta podría obtener 26 de los 29 votos del consistorio municipal.
Concretamente, la propuesta se enmarca en un convenio marco entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Este convenio tiene como objetivo llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones, ya sean leves, graves o muy graves, en relación con las VUT en Alicante.
La aprobación de esta propuesta se suma a otras medidas implementadas por el Ayuntamiento para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad. Entre estas se incluyen la moratoria en la concesión de licencias para VUT y la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación para los alojamientos turísticos en Alicante.
Impacto Presupuestario
Esta propuesta de adhesión al convenio establece un horizonte temporal inicial de cinco años y cuenta con el respaldo de un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre la estabilidad presupuestaria, así como de un informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que «no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio».
Además, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles de la concejalía de Urbanismo, evalúa la situación del departamento y la carga de trabajo, así como el impacto que tendría la asunción de estas nuevas competencias. Este análisis incluye la necesidad de incorporar nuevo personal y una previsión sobre el impacto económico en el presupuesto municipal tanto en ingresos como en gastos.
El informe detalla que la carga de trabajo aumentaría en un 20%, generando un impacto presupuestario en ingresos de 8,8 millones de euros en cinco años. Sin embargo, se prevé un impacto nulo en gastos, dado que la incorporación de nuevo personal no supondría un aumento de la plantilla presupuestaria, sino una redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha.
En conclusión, esta iniciativa no solo busca regularizar el sector de las VUT en Alicante, sino también fortalecer el control sobre estas prácticas, garantizando así la sostenibilidad turística de la ciudad. La colaboración entre diferentes grupos municipales y entidades gubernamentales marca un paso importante hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos turísticos, un tema de gran relevancia para la comunidad local.
