Amnistía Internacional ha publicado su informe anual 2025/2026, en el que sitúa a México como uno de los países con mayores retos en materia de derechos humanos, especialmente por la persistente y creciente crisis de desapariciones. Al cierre de 2025, se contabilizan más de 133.000 personas desaparecidas o no localizadas, un indicador que revela la profundidad del problema y la falta de respuestas efectivas desde el Estado.
El informe destaca que no se han producido avances significativos ni en la prevención de estos delitos ni en la investigación y resolución de los casos, dejando a miles de familias sin acceso a la justicia ni a respuestas claras. La ausencia de datos precisos sobre cuántos de estos casos corresponden a desaparición forzada, donde estaría involucrada la intervención o complicidad de agentes estatales, agrava la incertidumbre.
Violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos
Además de la crisis de desapariciones, el documento alerta sobre la grave situación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, al menos nueve periodistas fueron asesinados, mientras que 32 defensores sufrieron el mismo destino en 2024. A esto se suman decenas de casos de criminalización y ataques, así como 51 procesos judiciales irregulares dirigidos a silenciar a la prensa, lo que refleja un entorno cada vez más hostil para la libertad de expresión.
Presión internacional y recomendaciones a México
Ante esta situación, Amnistía Internacional recomienda que el Gobierno mexicano acepte la activación del artículo 34 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un mecanismo inédito que eleva el caso a la Asamblea General y podría proveer herramientas clave para avanzar en las investigaciones y garantizar justicia.
La directora de Amnistía en México ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum para que colabore con los organismos internacionales y responda a una crisis que se ha prolongado durante años sin solución. El informe incluye más de 30 recomendaciones dirigidas a revertir reformas judiciales regresivas y promover un modelo de seguridad con enfoque civil, en contraste con medidas como la militarización de la seguridad pública, el arraigo y la prisión preventiva, que podrían agravar la situación.
En conjunto, la combinación de desapariciones masivas, ataques a defensores y periodistas, y la falta de avances en la justicia configuran una crisis estructural de derechos humanos que México debe enfrentar con urgencia para evitar el aumento de la impunidad y la violencia.
