El régimen de Corea del Norte ha incrementado significativamente la aplicación de la pena de muerte desde el cierre de fronteras ocurrido en 2020, coincidiendo con las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. Según un informe divulgado por la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG), entre 2020 y 2024 se documentaron 148 ejecuciones y al menos cinco condenas capitales, triplicando las cifras de los cinco años anteriores, cuando se registraron 44 casos.
Este aumento coincide con un endurecimiento en el control interno del régimen de Kim Jong-un, especialmente en relación con el consumo y difusión de cultura extranjera, en particular surcoreana. El informe titulado «Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia de Covid-19» analiza 144 casos de ejecuciones y sentencias de muerte durante 13 años de mandato de Kim Jong-un, contabilizando al menos 358 personas ejecutadas. La mayoría de estas ejecuciones (72,8%) fueron públicas y el método más común fue el fusilamiento (96,4%).
Entre 2015 y 2019, las ejecuciones disminuyeron, coincidiendo con una mayor presión internacional, pero a partir de 2020, con el cierre de fronteras, la cifra repuntó. El TJWG resalta que los delitos vinculados a la libertad de expresión son los que más se castigan con la pena de muerte. En esta categoría se incluyen el consumo, distribución e introducción de productos culturales surcoreanos como películas, teleseries y música K-Pop, así como la práctica de religiones o creencias consideradas «supersticiosas».
Delitos ideológicos y culturales dominan las sentencias capitales
El estudio señala un cambio en las prioridades del régimen respecto a los delitos que conllevan la pena máxima. Mientras que antes del cierre fronterizo el homicidio intencional era el principal motivo de ejecución, después de 2020 el foco se desplazó hacia los crímenes ideológicos. Se documenta una reducción del 44,4% en las ejecuciones por asesinato, mientras que las relacionadas con la cultura extranjera, religión y superstición aumentaron un 250%.
El informe detalla que las ejecuciones incluyen casos por ver, poseer o difundir materiales surcoreanos y pornográficos. La entrada y circulación de esta información se realiza a través de dispositivos como tarjetas SD y memorias USB. No solo se castiga el consumo, sino también la introducción y comercialización de estos contenidos. Se registran ejecuciones por editar vídeos extranjeros y por escuchar frecuentemente emisoras como Radio Free Asia. Incluso el uso de teléfonos móviles para llamadas internacionales ha sido motivo de ejecución pública.
Modalidades de ejecuciones y control político
Las ejecuciones en Corea del Norte se clasifican en cuatro tipos según su grado de visibilidad y si se realizó juicio. El tipo más visible son las ejecuciones públicas con movilización masiva o selectiva, diseñadas para infundir temor a la sociedad o a grupos específicos. También existen ejecuciones no públicas y sumarias sin juicio formal. En 2024 no se reportaron ejecuciones públicas, lo que podría indicar una suspensión temporal de esta práctica.
El TJWG afirma que la pena capital se emplea como una herramienta para mantener el control político, social e ideológico del régimen. El aumento de las ejecuciones relacionadas con la cultura surcoreana y la disidencia política coincide con testimonios de desertores y denuncias previas de la ONU y otras organizaciones, que destacan la pandemia como un punto de inflexión en la represión interna.
Recientemente, la ONU aprobó una nueva resolución condenatoria contra las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, respaldada por Corea del Sur. El Transitional Justice Working Group, fundado en Seúl en 2014, se dedica a documentar abusos y promover la justicia transicional en sociedades que enfrentan dictaduras o conflictos armados, colaborando con diversas organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos.
