El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha solicitado transparencia al Cabildo de Gran Canaria sobre las toneladas de residuos generados por las piscifactorías de Telde en los últimos meses. A través de escritos enviados tanto al Cabildo como a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, los ecologistas demandan información detallada acerca de los residuos clasificados como SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano).
Estos residuos incluyen cuerpos, partes y otros materiales de origen animal que no son aptos para el consumo humano, generados en las jaulas acuícolas de la bahía de Telde y pertenecientes a las empresas Aquanaria y Geremar. En particular, el colectivo ha mostrado interés por los restos depositados en los complejos ambientales de Salto del Negro y Juan Grande durante los episodios de crisis ambiental que se produjeron en el último semestre de 2025.
Impacto en la comunidad local
La situación ha generado un «estado de alarma ciudadana» entre los vecinos y usuarios de las playas afectadas. Durante dos meses, las playas de Melenara, Salinetas, Clavellinas y otras del sureste de Gran Canaria permanecieron cerradas debido a la continua contaminación orgánica proveniente de las instalaciones acuícolas situadas en la bahía de Salinetas.
Las empresas mencionadas son responsables de las jaulas acuícolas que han estado involucradas en un evento contaminante durante el periodo señalado. Este fenómeno, que no es aislado, sino que se repite cada año en los meses de calmas marítimas (septiembre y octubre), ha llevado a la acumulación de materia orgánica en descomposición, excrementos y piensos en las orillas, lo que ha afectado gravemente las actividades recreativas de la comunidad.
Demandas de transparencia
El colectivo ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria la misma transparencia que exige para otros sectores, instando a que se brinde información cuantitativa que, por competencia y buen gobierno, debería estar disponible para los afectados. La petición se basa en lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 27/2006, del 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Asimismo, se hace referencia a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Con estas acciones, Turcón-Ecologistas en Acción espera no solo obtener respuestas sobre la gestión de residuos, sino también fomentar un diálogo más abierto y constructivo con las autoridades para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública en la región.
