La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y La Distribución Anged han expresado su rechazo a la nueva normativa asturiana que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad, considerándola «incoherente» e «intervencionista». Esta ley, que entrará en vigor en Galicia en los próximos meses, busca proteger a los más jóvenes de los efectos potencialmente dañinos de estas bebidas, pero ha generado un fuerte debate sobre su implementación y su impacto en el mercado.
Según un comunicado emitido por ambas organizaciones, el proyecto legislativo asturiano fragmenta de manera injustificada la unidad de mercado en España y añade nuevos costes operativos a las empresas del sector. La normativa establece que los trabajadores de los supermercados deberán verificar la edad de los compradores, permitiendo la adquisición de estas bebidas solo a quienes tengan más de 16 años, mientras que para comprar alcohol se requerirá ser mayor de 18 años.
Esta situación ha sido tildada de «grave falta de coherencia» por los representantes del sector. En su declaración, subrayan que un adulto que esté acompañado de sus hijos podrá adquirir cualquier bebida alcohólica en la cantidad que desee, pero no podrá comprar una bebida energética. Esta contradicción ha sido calificada como una «invasión de la esfera privada y personal» de los consumidores.
La ley asturiana está en línea con un movimiento más amplio en diversas comunidades autónomas que buscan regular el acceso de los menores a productos considerados perjudiciales. Sin embargo, el veto a las bebidas energéticas ha suscitado críticas sobre su efectividad y su razonamiento. Desde las asociaciones de distribución, se argumenta que la medida no solo es incoherente, sino que también podría resultar en una mayor confusión para los consumidores y empleados de los supermercados.
La respuesta de Asedas y La Distribución Anged pone de relieve las tensiones entre la regulación estatal y las dinámicas del mercado, sugiriendo que es crucial encontrar un equilibrio que no comprometa la operatividad y la competitividad de las empresas. La situación plantea preguntas sobre el futuro de la regulación en este ámbito y cómo afectará a la relación entre consumidores y comerciantes.
A medida que la ley se aproxima a su implementación, las organizaciones del sector continúan abogando por un diálogo constructivo con las autoridades, con el fin de lograr un marco regulatorio que proteja a los jóvenes sin obstaculizar la actividad comercial.
