La polémica en torno a la promoción de viviendas de protección pública (VPP) en Les Naus, Playa de San Juan en Alicante, ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Durante un pleno extraordinario, el alcalde Luis Barcala informó que, tras investigar las irregularidades en la adjudicación de estas viviendas, se han detectado implicaciones de al menos dos familiares de la exconcejal Rocío Gómez, entre ellos sus suegros. Este anuncio coincide con la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de urbanismo que también se beneficiaron de las viviendas.
El alcalde destacó que el consistorio está dispuesto a llevar a los tribunales todos los casos en los que se confirme alguna irregularidad, enfatizando que nadie que no cumpla los requisitos puede despojar a otros ciudadanos del derecho a una vivienda. Además, Barcala reiteró que tanto el alquiler como la posterior venta de estas viviendas están «estrictamente regulados», con la posibilidad de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento para prevenir la especulación.
Responsabilidades y disculpas públicas
En su intervención, Barcala también se dirigió a la Generalitat, indicando que esta es la administración responsable del control final sobre las VPP. Afirmó que el Ayuntamiento solo tiene competencias en la enajenación del suelo y la tramitación de licencias de obra, dejando la selección y adjudicación de viviendas en manos de las cooperativas y la administración autonómica.
Consciente de la alarma social generada, el alcalde pidió disculpas a los alicantinos preocupados y reconoció que aún no tiene respuestas para todas las preguntas. Aclaró que fue el propio Ayuntamiento quien detectó las irregularidades el pasado 27 de enero de 2024, tras recibir un aviso sobre la situación, y que, al día siguiente, ordenó la apertura inmediata de un expediente de investigación.
Medidas adoptadas y búsqueda de fraude
Barcala detalló que la investigación busca identificar posibles conflictos de intereses y determinar si los funcionarios involucrados han actuado de manera irregular. En este contexto, se reveló que un funcionario había ocultado información para beneficiar a su pareja, lo que llevó a la apertura de un expediente disciplinario y su traslado a la Fiscalía.
A pesar de las limitaciones por protección de datos, el alcalde también ha solicitado una verificación cruzada entre el listado de adjudicatarios y los registros del Ayuntamiento para identificar a otros posibles implicados. Barcala negó haber tenido conocimiento previo sobre la adjudicación de la vivienda a Rocío Gómez, expresando su indignación por el asunto y garantizando que el Ayuntamiento llegará hasta el fondo del caso.
Los partidos de la oposición, como el PSOE y Compromís, han exigido responsabilidades y una investigación exhaustiva de las adjudicaciones, recordando que más de 5 400 familias esperan por una vivienda pública en Alicante. La situación ha llevado al pleno a aprobar la creación de una comisión de investigación que comenzará a funcionar en las próximas semanas.
