La jueza que está a cargo del caso de la tragedia en El Bocal, Rosa Martínez, ha decidido iniciar acciones penales contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria. Esta entidad forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La magistrada considera que es responsabilidad de la administración central «garantizar la adecuada conservación y mantenimiento» de la pasarela que colapsó el pasado 3 de marzo en la playa de Santander, donde se registraron seis fallecimientos y una persona resultó gravemente herida. Los funcionarios implicados son el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, quien fue director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la misma Demarcación.
En un auto publicado recientemente, que puede ser apelado, se señala a la Demarcación de Costas como posible responsable civil, dado que es la única encargada del mantenimiento de las obras ejecutadas en el marco del proyecto de la senda peatonal, que aún no se había finalizado. La jueza manifiesta que existen «serios indicios» de un posible comportamiento negligente en el mantenimiento de la pasarela. Esta conclusión se basa en el hecho de que la reparación realizada en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera, a pesar de que un informe de la Policía Científica evidenció que todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados.
La decisión de iniciar acciones penales se fundamenta en la documentación proporcionada tanto por la administración central como por el Ayuntamiento de Santander. Tras analizar los documentos, la jueza concluye que «las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado». Las obras iniciadas con un primer proyecto en 2012 se detuvieron debido a que la Demarcación decidió cancelar el contrato con la empresa adjudicataria, y el segundo proyecto de finalización de 2016 no llegó a aprobarse. Además, el compromiso asumido por el Ayuntamiento de Santander para encargarse del mantenimiento de estas obras estaba condicionado a su finalización.
La magistrada subraya que, desde 2014, la pasarela ha estado abierta al público sin ninguna restricción, y que la Demarcación de Costas era plenamente consciente de su obligación de conservar y mantener la infraestructura. Un informe de mayo de 2024 de un vigilante de Costas había alertado sobre el mal estado de algunas maderas, lo que llevó a una reparación meses después.
La jueza también ha solicitado un informe pericial sobre diversos aspectos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos. Este informe debe aclarar si la intervención de la Demarcación de Costas en julio de 2024 fue suficiente, dado que solo se trabajó en la estructura de madera de la pasarela.
Además, la magistrada ha ordenado al Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que recabe «material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela» días o semanas antes del colapso, incluyendo fotografías y testimonios de personas que la utilizaban.
El auto también menciona que, aunque el mantenimiento de la pasarela corresponde a la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene la autoridad administrativa para asegurar la seguridad en los espacios públicos. Por lo tanto, se investigará si el deterioro de la pasarela era visible antes del accidente y si existía un riesgo perceptible de colapso.
La próxima comparecencia de testigos está programada, incluyendo a una vecina de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, quien podrá aportar información relevante sobre el estado de la pasarela.
