Recientemente, varios miembros del Gobierno y líderes del PSOE han intensificado sus críticas hacia Feijóo. No podían dejar pasar la oportunidad de lanzar un ataque que esperan impacte en las próximas elecciones andaluzas. Con el inicio del juicio de la Kitchen, que se enmarca dentro del caso Gürtel, han apresurado a presentar al actual presidente del PP como un dirigente manchado por la corrupción de su partido, a pesar de que estos acontecimientos ocurrieron hace más de catorce años.
Resulta sorprendente que figuras prominentes del sanchismo, un movimiento socialista que ha visto cómo la corrupción ha penetrado en las instituciones de La Moncloa y Ferraz, se atrevan a tratar a Feijóo como si fuera un delincuente. Si bien se menciona la famosa fotografía de hace veinte años en un barco vinculado a un narcotraficante, no hay pruebas que demuestren que Feijóo estuviera al tanto de esas actividades ilegales o que mantuviera una relación cercana con Dorado.
Por otro lado, Pedro Sánchez tiene a su principal ministro y confidente en prisión, así como a una docena de altos cargos imputados, entre los que se incluyen personajes con un pasado cuestionable, como prostitutas, que han estado operando en los círculos de poder mientras cobran salarios públicos sin ofrecer resultados. Además, su esposa y su único hermano también están bajo investigación por la justicia.
Feijóo, a menudo criticado por su supuesta falta de contundencia a la hora de defenderse, ha respondido adecuadamente en esta ocasión: ha dejado clara la distinción entre una trama corrupta dirigida por algunos de los más altos dirigentes del sanchismo y los escándalos de la Gürtel, que le costaron al PP el Gobierno a través de una moción de censura. Es importante destacar que Feijóo no tiene ninguna responsabilidad en la Gürtel, mientras que el actual presidente y líder del PSOE sí enfrenta responsabilidades políticas que son evidentes para todos, aunque no de carácter penal.
Un líder que dirige un equipo plagado de presuntos delincuentes no tiene otra opción honorable que dimitir. Sin embargo, en España, la situación es distinta: el jefe del Gobierno no solo se niega a dimitir ante el escándalo de gestionar el partido con más casos de corrupción en la democracia, sino que además exige responsabilidades a un líder de la oposición que, hasta ahora, no ha cometido otro pecado que pertenecer a un partido que tuvo elementos corruptos, sin que él tuviera algún poder en la dirección nacional.
María Jesús Montero, que ha mostrado gran entusiasmo en su papel de acusadora, haría mejor en guardar silencio, dado que dos de sus colaboradores más cercanos están siendo investigados por asuntos que claramente huelen a comisiones y cohecho. Una vez más, el sanchismo parece considerar que los españoles son analfabetos funcionales. La medida de la responsabilidad es clara: quien manda en un grupo corrupto es quien debe rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía.
