El Pleno de la Asamblea de Melilla ha discutido la primera interpelación relacionada con el impacto del Real Decreto 7/2006, que se enfoca en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio implementado a nivel nacional. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Emilio Guerra, de Coalición por Melilla (CpM), quien ha alertado sobre la exclusión de la ciudad autónoma de las medidas fiscales de alivio.
Guerra subrayó que la falta de aplicación del IVA en el régimen económico local ha dejado a Melilla fuera de los beneficios fiscales que se han dispuesto para el resto de España. En su intervención, manifestó que «los melillenses afrontamos esta crisis sin los mecanismos de compensación que sí existen para el resto de los españoles». Además, recordó que esta situación no es aislada, ya que se repitió con medidas similares en 2022, en el contexto de la guerra de Ucrania.
El diputado de CpM argumentó que la ausencia de adaptación normativa a la singularidad fiscal de Melilla es la causa de esta exclusión y cuestionó la falta de acción por parte del Gobierno local. Planteó directamente la pregunta sobre si se han realizado gestiones ante el Ministerio de Hacienda o si se han activado mecanismos internos, como el Observatorio Económico o la Comisión de Hacienda.
Guerra advirtió sobre las graves consecuencias socioeconómicas que enfrenta Melilla, destacando un desempleo del 23% y casi la mitad de la población en riesgo de pobreza. Afirmó que si no se toman medidas, «las familias melillenses seguirán soportando el encarecimiento de sus gastos cotidianos sin ningún alivio en su factura». También recordó que existen instrumentos legales, como la Ley 8/1991, que podrían utilizarse para mitigar esta situación.
En respuesta a estas críticas, el vicepresidente primero del Gobierno, Miguel Marín, rechazó las acusaciones y negó la falta de interlocución institucional. Defendió que el Gobierno de Imbroda ha estado reclamando mejoras económicas, en infraestructura y transporte, y citó iniciativas vinculadas a la aduana comercial y las inversiones en presupuestos anteriores.
Marín también cuestionó la postura de Guerra, sugiriendo que las medidas propuestas deben ser responsabilidad del Estado, no de la ciudad. «Nosotros exigimos al Gobierno de España que se haga cargo, como en el resto del país», afirmó. A su juicio, la interpelación se debería haber dirigido a la delegada de Gobierno, criticando que una melillense prefiera justificar la indiferencia antes que exigir un trato equitativo para los melillenses.
