Iván Razquin ha presentado este martes en el Parlamento foral las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción respecto a la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, sosteniendo que el proceso fue «nulo» debido a un procedimiento «viciado».
Durante su intervención, Razquin denunció que uno de los miembros de la mesa de contratación tenía acceso a más información que los demás, lo cual, según él, vicia el procedimiento. Esta afirmación se alinea con lo expuesto la semana pasada por la directora de la Oficina, Edurne Eginoa, quien ya había señalado fallos en el sistema de valoración que permitieron al presidente de la mesa, Jesús Polo, conocer las puntuaciones de los otros antes de emitir la suya.
En respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios sobre posibles comisiones ilegales o favoritismos, Razquin estableció una clara distinción entre las irregularidades administrativas detectadas y la corrupción penal. «He visto ilegalidades administrativas, pero no me compete a mí afirmar si ha habido corrupción», aclaró, indicando que su función es analizar riesgos de corrupción y el cumplimiento de la Ley Foral de Contratos.
El director de investigación reafirmó que los informes de la oficina sostienen que la adjudicación de las obras de Belate es «nula de pleno derecho». Su intervención se centró también en las responsabilidades internas dentro de la mesa de contratación, particularmente las del presidente y el secretario. Razquin describió un sistema de trabajo sin reuniones presenciales y sin actas detalladas, lo que, a su juicio, compromete la legalidad del proceso.
«La deliberación de la mesa no fue la adecuada en los términos legalmente establecidos», resumió. Además, criticó la falta de acción del secretario ante prácticas que contradicen la normativa, remarcando que debería haber informado al presidente sobre las irregularidades observadas.
En este contexto, Razquin defendió el alcance de los informes elaborados por la Oficina, que no solo abordan el caso de Belate, sino también otros contratos públicos en revisión durante esta legislatura. La postura de la Oficina es que, a pesar de los vicios en la adjudicación, la obra debe continuar por interés general.
Finalmente, Razquin respondió a las críticas sobre una supuesta invasión de competencias de la Cámara de Comptos, argumentando que su análisis no sobrepasa los límites establecidos y que su labor es valorar si existen irregularidades o ilegalidades.
