La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado medidas para que la Fiscalía se sume a la defensa de Álvaro García Ortiz, quien busca amparo ante el Tribunal Constitucional tras la condena impuesta a su predecesor por un delito de revelación de datos reservados.
Peramato ha firmado un decreto en el que designa a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para que se una a esta iniciativa. Esta decisión se produce después de que el pasado 26 de febrero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazara un incidente de nulidad contra la condena por parte del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado.
La condena se relaciona con la divulgación de información que afectó a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista reciente, Peramato afirmó que «el incidente de nulidad fue desestimado», y que la teniente fiscal expresó su intención de presentar un recurso de amparo.
Durante la misma entrevista, Peramato defendió a García Ortiz, describiéndolo como «fiscal hasta la médula» y destacó que ambos mantienen una relación de «apoyo absoluto».
Esta es la primera entrevista que ofrece Peramato desde que asumió el cargo, tras la inhabilitación de García Ortiz por un periodo de dos años debido a la revelación de secretos del empresario Alberto González Amador. La fiscal general también comentó que se había mantenido en contacto con García Ortiz durante el proceso penal, refiriéndose a su relación como «buena».
Al ser cuestionada sobre la condena, Peramato mencionó que la carrera fiscal vivió el caso «con muchísima incertidumbre», y que siempre mantuvieron una posición absolutoria, considerando que los hechos no constituían un delito.
En relación a la imagen del Supremo tras la condena, la fiscal general argumentó que «no es la primera vez» que enfrentan resoluciones del tribunal que incluyen votos particulares, lo cual no menoscaba el ejercicio de sus funciones judiciales.
Por su parte, el Supremo reafirmó que la libertad de expresión no justifica la divulgación de datos confidenciales, y que la defensa de la institución no elimina la antijuridicidad de la conducta atribuida a García Ortiz.
La decisión del tribunal contó con el voto disidente de dos magistradas que previamente se habían opuesto a la sentencia que inhabilitó a García Ortiz.
