El Consejo General del Poder Judicial está trabajando en la elaboración de un comunicado que se presentará en la próxima Comisión Permanente. Este documento tiene como objetivo informar al Ministerio de Justicia sobre las «disfunciones» ocasionadas por el drástico cambio en la operativa de los juzgados, que se implementó el 2 de enero.
A partir de esa fecha, aunque la aplicación ha sido desigual según las distintas comunidades, los órganos judiciales tradicionales, que contaban con un juez titular y un letrado al servicio, han sido reemplazados por tribunales de instancia. Estos nuevos tribunales agrupan a varios magistrados que comparten servicios en común.
Sin embargo, la transición hacia este nuevo sistema no ha sido sencilla y ha generado numerosas quejas por parte de los jueces. Entre los principales problemas se encuentran la dificultad de trabajar con «equipos flotantes» de funcionarios, lo que afecta gravemente a la instrucción de los casos y a las guardias. Además, la dispersión de las sedes judiciales complica la prestación de estos servicios comunes, así como las incidencias informáticas que entorpecen el trabajo diario.
Estos inconvenientes han provocado retrasos en la notificación de decisiones judiciales a los interesados. El equipo interno del Consejo ha recogido quejas de presidentes de tribunales superiores de justicia y de decanos de órganos unipersonales, así como de varios colegios de abogados, que han alertado sobre las disfunciones en los nuevos tribunales de instancia.
Las fases iniciales de implementación del proyecto del ministro Félix Bolaños, conocido como la Ley de Eficiencia Procesal, también generaron quejas que fueron comunicadas al Ministerio. Sin embargo, en esta ocasión, los problemas se han intensificado, afectando prácticamente a todo el territorio nacional. Abogados y jueces han comenzado a manifestar sus inquietudes a través de redes sociales, como X, evidenciando la gravedad de la situación.
Las quejas más recurrentes se centran en la falta de personal, según informan los presidentes de los tribunales superiores. Mencionan «acoplamientos» de funcionarios sin resolver, así como vacantes y rotaciones que impiden la estabilización de los equipos. Además, hay déficits en las plantillas y procesos de cobertura lentos. Por parte de los abogados, un problema habitual es que los auxiliares se destinan mayormente a labores de tramitación, dejando sin atención a quienes buscan información o realizar trámites en los juzgados.
Otra dificultad es la inadecuación de los espacios, que en muchos casos son antiguos y están dispersos en la misma ciudad. En Andalucía, por ejemplo, los juzgados de Jaén tienen 14 sedes, Sevilla cuenta con 5, Cádiz y Granada con 4, y Huelva con 3. En Oviedo, la situación no es diferente, con ocho edificios dispersos, y en Tenerife se reportan siete sedes sin adaptar, al igual que en grandes ciudades como Barcelona o Madrid.
En lo que respecta a las incidencias informáticas, los decanos y presidentes de tribunales superiores han reportado problemas con perfiles y permisos no habilitados o incompletos que dificultan la labor, generando duplicidades de plazas y errores de reparto. Además, el sistema presenta inestabilidad y caídas recurrentes. En algunas comunidades autónomas, como en Córdoba, la agenda de juicios rápidos está deshabilitada y los correos corporativos no han sido activados en varios destinos.
Desde Cataluña, los informes indican que hay problemas de acoplamiento, vacantes y escasez de personal especializado en Barcelona que supera el 34 por ciento del total. Asimismo, se mencionan dificultades significativas en la adaptación de sistemas. Por esta razón, las autoridades judiciales catalanas han calificado la situación de «implantación precipitada», con infraestructuras no adecuadas y un alto nivel de interinidad que afecta la labor jurisdiccional.
Recientemente, los abogados de Barcelona expresaron su preocupación por la falta de recursos y la necesidad de una planificación adecuada durante una reunión con su vocal territorial del Consejo, Carlos Hugo Preciado. A pesar de la crítica situación, también mostraron cierto optimismo respecto a la mejora del servicio judicial a largo plazo.
