La Fiscalía provincial de Valencia ha solicitado el archivo de la segunda querella presentada contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, quien se encarga del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, y su esposo, Jorge Martínez Ribera, juez en el Tribunal de Instancia 4 de Valencia. Esta decisión fue comunicada a través de un comunicado emitido por la portavocía del Ministerio Público.
Según el informe de la Fiscalía, los hechos expuestos en la querella «no alcanzan el umbral del ilícito penal». La denuncia fue interpuesta por el abogado y youtuber Rubén Gisbert, quien acusó a ambos magistrados de varios delitos, entre ellos coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir determinados delitos.
El comunicado de la Fiscalía detalla que un análisis minucioso de los hechos y un estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos alegados permiten concluir que «no concurren los elementos configuradores de los delitos mencionados». Por lo tanto, se solicita la inadmisión y el archivo de la querella.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha estado al frente de una causa complicada durante 16 meses, enfrentándose a múltiples presiones externas e intentos de apartarla del caso. Entre estos intentos se encuentra la primera querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia por prevaricación por parte del pseudosindicato ultra Manos Limpias, la cual también fue archivada. Además, se han interpuesto varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los investigados en la causa de la DANA, Salomé Pradas y Emilio Argüeso.
Ruiz Tobarra ha recopilado más de 500 testimonios que incluyen a las familias de las víctimas, a los responsables de la emergencia, y a figuras clave en la Generalitat, además de a una periodista que acompañó a Carlos Mazón, cerrando así el círculo en torno al expresidente. La jueza solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la investigación de Mazón como responsable último de las 230 muertes, aunque la Fiscalía ha instado a la magistrada a continuar con la investigación.
